Hay un artículo en la Constitución Política de Colombia que es simbólico, una nueva constituyente o una reforma constitucional debería incluir su enunciado en el artículo segundo que menciona los fines que tiene el Estado Social de Derecho como es entre otros principios “asegurar la convivencia pacífica”. Es una afirmación que tampoco está escrita para su aplicación. Tampoco se puede interponer una “acción de tutela” una “acción popular” o una “acción de cumplimiento” para que sea real y efectivo; que se garantice. El artículo 22 de la carta política expresa que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” palabras que hacen parte del capítulo que titula “De Los Derechos Fundamentales”. El artículo 85 muestra que no es de “aplicación inmediata” tampoco se conoce una ley que amplíe su contenido, sin que aluda a una “jurisdicción de paz” porque no se pensó para que sea valido en el orden jurídico, sí la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional que “guarda la integridad y supremacía de la Constitución” puede hacer valida una propuesta así, si primero es aprobada por el Congreso, como también la posibilidad que un grupo guerrillero con un discurso que tuvo de reivindicación política, se apruebe la realización de un plebiscito para que participe en una democracia y que los resultados al ser revisados por dicha corte los declare exequibles.
No se conoce en la historia, en el tiempo que tiene la constitución política que la Corte Constitucional se pronunciara declarando inexequible o exequible la “Seguridad Democrática” por alguna demanda, entre otras decisiones y proyectos políticos que tuvieran una reflexión jurídica y política con el artículo 22 de la constitución, como también las desmovilizaciones que ocurrieron con los paramilitares. Parece que la paz se entiende como un proyecto político de gobierno pero no de Estado, si lo fuera, el artículo 22 no sería un derecho fundamental inocuo, estaría en los fines del Estado, como existirían leyes desde que se promulgó la constitución que ampliarían su contenido, la paz entonces no dependería de un Presidente, tampoco de un Congreso ¿Debería depender es de la Corte Constitucional?
“Lo que se está negociando en Cuba no es la Paz, es el fin del conflicto” Juan Manuel Santos
Lo que está pasando en la Habana se puede entender como una negociación porque las partes que participan hacen acuerdos en los que ambos ceden a las exigencias o los reclamos que intentan solucionar una situación problemática como lo son las causas del conflicto armado. Se pude entender también como un proceso de paz porque ambos tienen como fin propuestas; trabajo en conjunto para que se cree una interdependencia de las dos partes que se enfrentaban, una nueva relación que genere acciones y que su fin sea la paz, entonces cada uno es parte de la solución, como antes eran parte del problema, conflicto que es por la tenencia de tierra; su dominio, el uso y los recursos que puede tener, incluyendo la exigencia del derecho a la participación política.
Los puntos que se negocian entre las FARC y los delegados del gobierno son entre otros una “reforma agraria integral” que consiste en el acceso y el uso de la tierra, se reconozcan los propietarios que la reclaman, se determinen fronteras para la producción agraria y zonas de reserva ambiental. Se legisle y que el gobierno implemente programas de desarrollo con enfoque territorial, se mejore la infraestructura, la adecuación de tierras, asistencia técnica, subsidios, facilidades de crédito y el acceso a un mercado entre otros temas de lo agrario. El acuerdo sobre “participación política” consiste en que la oposición política como ellos se reconocen, se les garanticen sus derechos como “ciudadanos” cuando se desmovilicen y se vinculen a la democracia. Exigen una circunscripción electoral transitoria y especial que incluya zonas afectadas por el conflicto, que tengan curules en la Cámara de Representantes con una comisión o consejo de reconciliación. En cuanto al narcotráfico y los cultivos ilícitos el gobierno les exige que desminen zonas, denuncien los corredores en los que se trafica, sean parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la suspensión de las fumigaciones con glifosato por parte del gobierno. El acuerdo de “sometimiento a la justicia” consiste en la creación de una “jurisdicción especial de paz”, tribunales con salas jurídicas que investigarán, juzgarán y sancionarán a quiénes cometieron delitos políticos y violación de derechos humanos, tribunal que tiene como objetivo buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, que no ocurra impunidad, la no repetición, otorgue seguridad a quiénes cumplan con las penas impuestas después de que se desarmen, se desmovilicen y se reinserten. El acuerdo “definitivo sobre víctimas” quiénes cometieron crímenes a nombre del Estado, de gobiernos anteriores y quiénes utilizaron el Estado con intereses particulares causando violencia; violación de derechos humanos, así como las FARC al cometerlos, reconocerán su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad y los que son políticos, deben reparar a las víctimas. El fin del conflicto; el desarme, la desmovilización y reinserción, la entrega de armas, será la implementación de los acuerdos anteriormente expuestos su refrendación y verificación. El gobierno considera necesario que los acuerdos se sometan a refrendación con un plebiscito.
Desde que iniciaron las negociaciones y el proceso de paz, el fenómeno de violencia en el país a disminuido. Eventos y hechos violentos como las masacres, desplazamiento, acciones bélicas propias de la guerra de guerrillas como hostigamientos, emboscadas, sabotajes, terrorismo, secuestro y extorsiones, entre otros, cifras que explican el cambio; “las acciones bélicas de las FARC se redujeron en un 90 por ciento”, afirman que “un 60 por ciento de ataques contra objetivos civiles como la infraestructura víal se redujeron”. “En los tres años de negociación han bajado 27 por ciento los casos de desplazamiento masivo”, pero que durante el mismo tiempo aproximadamente “200 mil personas se desplazaron”, entre 2009 y el 2012 se “contabilizaron 338 masacres”, entre noviembre de 2013 y el 2015 según “se registraron 110 casos”. “Ataques civiles, desplazamiento y masacres que son atribuidos a otros actores como los que denominan Bandas Criminales Emergentes”. Entre enero del 2013 y octubre del 2015 “se denunciaron 13.741 extorsiones”. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto calculan que desde que inició el proceso de paz y las negociaciones “se han evitado la muerte de más 1500 personas” incluyendo miembros de las guerrillas y de la fuerza pública, el “94% de los municipios en el país no registran acciones subversivas”, en el “92% no hay presencia efectiva de las FARC y el ELN ni tampoco del crimen organizado". Cifras que contrastan con la política de “Seguridad Democrática” que en años anteriores los datos mencionados según eran mayores.
En el mundo otros centros que estudian la resolución de conflictos armados y hacen investigación para la paz, que analizan fenómenos de violencia, algunos categorizan los conflictos armados a partir del número de víctimas y muertos; los conflictos armados menores son en los que mueren menos de 25 personas en un año por causas relacionadas con el conflicto armado. Un conflicto armado de nivel intermedio es en el que ocurren más de 100 muertes en un año y un conflicto armado de nivel alto es en el que ocurren más de 1000 muertes en un año.
En el año de 1998 el centro de estudios de investigación para la paz, Gernika Gogoratuz publicó el libro Construyendo la Paz, Reconciliación Sostenible en Sociedades Divididas de John Paul Lederach. Según el autor para hacer la paz son necesarias tres condiciones voluntad, herramientas y un proyecto como lo pueden ser los acuerdos, su implementación. El éxito de la paz es la posibilidad de que la situación venidera a la firma de un acuerdo general, es su regulación, es decir el tratamiento a las situaciones que proponen solucionar y que las partes han definido como las causas del conflicto, incluye en las condiciones la transformación de una situación conflictiva armada a una situación de resolución donde las partes hacen una nueva interdependencia en la que ya no son indispensables para enfrentarse, se hacen necesarios para construir la paz a partir de un proyecto como se puede entender el contenido de los acuerdos.
El enfoque que propone Lederach es la mediación, prevención y la reconciliación que es intermediario entre un poder vertical y horizontal, según Lederach son tres ejes o también mencionados como dimensiones para orientar la construcción de la paz; un poder vertical que tiene dominio sobre unas mayorías que son el poder horizontal, en el intermedio está la función mediadora, la prevención y la reconciliación. Se puede observar que la “mesa de negociación” con sus integrantes es un poder vertical y la refrendación, el plebiscito un poder horizontal que es el derecho que tienen los ciudadanos en participar en su aprobación. El segundo eje o dimensión es cómo se tratará el conflicto que se puede entender como los acuerdos que han negociado y la ideología de las partes que están elaborando un proyecto, ideología que involucra a la sociedad civil y quiénes hacen parte de las FARC como sujetos armados y desarmados que los legítima como actores políticos. El tercer eje es la mediación entre el nivel alto y bajo que establece un tiempo de negociación y de implementación de los acuerdos, objetivos a corto, mediano y largo plazo, proceso de construcción de paz en diferentes fases del conflicto.
Menciona que todo conflicto armado es una dialéctica negativa que persiste en la violencia armada con el fin de lograr los objetivos que tienen como organización, por lo tanto la reconciliación es la renuncia a una ideología que mantuvo una dialéctica negativa y justificó la lucha armada que causó una sociedad dividida. La ideología con su dialéctica explica el por qué de su identidad como actor armado, también su discurso y su pretensión de obtener reconocimiento político.
Por otra parte explica que la identidad que tienen otras partes en el conflicto armado interno, lo legitimidad que alcanzan es porque hacen cohesión en porcentajes de la población que encuentran protección con el uso que hacen de las armas, también porque tienen objetivos de control territorial que satisfacen sus intereses como en el caso de lo que se conoció como los paramilitares con su doctrina de seguridad en controlar territorios, la causa de desplazamientos y según en ofrecer confianza en inversión de nuevos propietarios, omitiendo la existencia de principios de un Estado de Derecho como lo es con el monopolio de las armas y que es el único en garantizar la seguridad más allá de las decisiones de un gobierno, por lo tanto las guerrillas y los paramilitares con su respectiva ideología son un factor de división profunda en la sociedad, que así como las guerrillas extorsionaban, los paramilitares lo hacen con el cobro también para ofrecer seguridad en propiedades en las que algunas concentran grandes territorios que fueron obtenidos de forma indebida causando violencia como lo fue con desplazamientos, masacres y desapariciones. Por lo tanto pensar que el conflicto armado es por causa de las acciones armadas y violentas únicamente de un actor “que es un conflicto armado unilateral” la no aceptación de su responsabilidad o en declarar quiénes son culpables es una falencia que demuestran que no reconocen la identidad violenta que les causa hacer acciones armadas o justificar actos armados violentos como su persecución y hasta la muerte, sin que se piense en someterse a la justicia primero o su captura, por lo tanto nunca se les habría “dado de baja” o no utilizarían un lenguaje violento que los caracteriza y asumirían la responsabilidad por complicidad y en ser autores intelectuales de amenazas a jueces, desapariciones, masacres y desplazamientos.
La desconfianza en la autoridad central y que debió mantener el monopolio de las armas es exacerbada por la división de la sociedad además por quiénes compiten por el poder democrático y luchan por el poder con las armas lo cual causa que la función del Estado en garantizar seguridad sea ineficiente e ineficaz porque quiénes tienen el poder buscan su protección y luchan para que un contrario ideológico no lo obtenga y con un discurso lo deslegitima en una democracia.
Es fundamental para la reconciliación de ambas partes que reconozcan la identidad que tienen, que no es acorde con el Estado de Derecho, algo que no necesariamente tiene que ver con el sometimiento a la justicia, sí como se ha dicho, hace parte de un ejercicio ético y moral en donde ambos aceptan que el monopolio de las armas no les corresponde como los intereses que pueden tener con el control territorial, el uso de la tierra con sus recursos y sus rentas que debe estar regulado y que ambos pueden aprovechar según como lo establezcan las leyes que se expídan con el consenso que logren.
John Paul Lederach piensa que una de las peores consecuencias de la Guerra Fría fue el excedente de armas cortas que se produjo y agravó conflictos armados internos irregulares. Además hay quiénes afirman que los conflictos armados irregulares y no convencionales son más rentables que las guerras entre Estados porque no utilizan armas con gran poder de destrucción, entonces la eliminación de un enemigo no es en el corto tiempo y el uso de armas como fusiles, granadas, minas entre otros elementos se consumen más haciendo conflictos prolongados que están demandando más que una guerra con armas que causan mayor destrucción.
En Colombia muchos dicen que el conflicto armado interno no finalizará con la derrota militar de las guerrillas, sin que se conozca un proyecto político por el momento que solucione y enfrente el problema de las "Bandas Criminales Emergentes" y evite su existencia.
Vicenç Fisas un investigador en resolución de conflictos dice que la reconciliación es un proceso más largo que la reinserción. La reinserción tiene un aspecto que es elemental y que se entiende con la formación o capacitación para que sustituyan el uso de las armas por trabajo.
Johan Galtung conocido por el escrito Violencia Cultural considera que para lograr la paz se debe solucionar primero el conflicto como bien se está logrando con los acuerdos. Él piensa que la paz es de dos tipos; la paz negativa y la paz positiva, ambos tipos de paz dependen de causas estructurales y cuando hay un cumplimiento real y efectivo de los derechos fundamentales en toda la población como lo puede ser el acceso a la salud y a la educación, que se logren mayores niveles de calidad de vida, es decir vivir con los derechos fundamentales, ciudadanos y económicos garantizados y con la ausencia de la violencia entonces es paz positiva, si hay ausencia de violencia pero no garantía real de derechos se entiende como paz negativa. El trauma a causa del conflicto se supera cuando las partes logran los objetivos de la negociación y del proceso de paz, de lo contrario estarán frustradas y pensarán que con el uso de las armas los obtendrán, en el caso de los paramilitares; un país sin guerrilla, sin ideología de izquierda y en el caso de las guerrillas sin un contrario, lograr el poder con las armas.
La “Justicia Transicional” es la implementación de una “jurisdicción especial y transitoria” en la que se busca restablecer derechos y garantías plenas para el ejercicio democrático. La “Ley de Justicia y Paz” que se implementó con los paramilitares fue parcial y no incluyó a todos los actores armados, además se especula que no se logró la desmovilización de todos y que muchos continuaron en “Bandas Criminales Emergentes”, que ocurrieron falsas desmovilizaciones como no generó fin al problema de violencia armada en el país.
La “Justicia Transicional” según “implica el imperio de la ley sobre la política”. La justicia en este caso es restaurativa y retributiva en darle a cada quién lo que le corresponde que consiste en reparar a las víctimas, también es justicia punitiva porque impone penas que privan de la libertad por delitos atroces como los de lesa humanidad. La verdad es el esclarecimiento de los hechos y la declaración de los máximos responsables, hacer memoria, no olvido y no repetición. El perdón consiste en un deber moral en el que las víctimas lo conceden al victimario, es decir que para perdonar las víctimas lo consideran y lo declaran, algo que es de su voluntad pero que es un deber que los victimarios lo imploren a las víctimas, es algo que no depende de la justicia pero si es parte de la reconciliación.
La “Justicia Transicional” según “implica el imperio de la ley sobre la política”. La justicia en este caso es restaurativa y retributiva en darle a cada quién lo que le corresponde que consiste en reparar a las víctimas, también es justicia punitiva porque impone penas que privan de la libertad por delitos atroces como los de lesa humanidad. La verdad es el esclarecimiento de los hechos y la declaración de los máximos responsables, hacer memoria, no olvido y no repetición. El perdón consiste en un deber moral en el que las víctimas lo conceden al victimario, es decir que para perdonar las víctimas lo consideran y lo declaran, algo que es de su voluntad pero que es un deber que los victimarios lo imploren a las víctimas, es algo que no depende de la justicia pero si es parte de la reconciliación.
La justicia no puede manipularse políticamente, los discursos que exhortan a utilizarse para hacer “el bien a los amigos” y el “mal a los enemigos” es una retórica maniquea. Quién tuvo el poder del ejecutivo y quién controló el Congreso no puede amenazar a las Cortes, tampoco violar su privacidad con interceptaciones ilegales para evitar posibles investigaciones con hechos relacionados en su contra.
Los efectos del conflicto armado interno como también la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal han causado daños en el medio ambiente y es algo que no se ha discutido su reparación, tampoco en el ordenamiento jurídico, no hay leyes que en este caso señalen a los responsables y les impongan una pena, algo que debe estar incluido en los acuerdos, se establezca un compromiso para la conservación del medio ambiente y que las Corporaciones Autónomas Regionales deben involucrase en la realización de políticas que generen la protección de la fauna y la flora.
La "Justicia Transicional" es para todos los que han cometido delitos relacionados con la vulneración del Estado de Derecho y la posibilidad real de participar en una democracia en donde las amnistías y la reducción de penas son, sí declaran la verdad y asumen la reparación. Por lo tanto esclarecer la verdad; políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública sin juzgar a la institución ni compararla con la insurgencia o con los principios de la organización guerrillera, sí a los responsables por los delitos cometidos durante el conflicto armado interno y que estuvieron involucrados con hechos como en muchos casos lo están también miembros de la guerrilla y su organización con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, desplazamientos, extorsiones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores, entre otros no serán prescritos y deberán ser juzgados, algo que ya se aclaró y por lo tanto la justicia actuará como parte del restablecimiento del Estado de Derecho y que sus actos impidieron el ejercicio real de derechos políticos, de la democracia.
Es por eso la creación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, la creación de la “Jurisdicción Especial Para la Paz” entre otras instancias de “justicia transicional” que se crearon y que la Corte Constitucional expresará un concepto que declarará exequible o inexequible, tribunales que estarán compuestos por la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, la Comisión de Acusación de la Cámara, la Procuraduría y la Contraloría que investigaran todo lo relacionado con los delitos cometidos en el conflicto armado interno. Las amnistías únicamente serán para quiénes no cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, si para los que estuvieron involucrados en hechos y eventos donde se cometieron delitos políticos; como las asonadas, los motines, las revueltas, la rebelión, la conjura, el uso de las armas en contra del orden constitucional entre otras tipificaciones que los declarará culpables como ataques al ejército y a la policía.
La legitimidad de la “Justicia Transicional” que se implementará no puede depender de un plebiscito, principalmente su diseño y ejecución porque la justicia actúa según la ley no según una decisión de mayorías, muy diferente a la política como la entendía Platón y Sócrates que consistía en la búsqueda de la justicia. Pero que era una justicia retributiva y quiénes hacían parte del Dicasterión, sus miembros eran elegidos por elección de los ciudadanos teniendo en cuenta unos requisitos que debían cumplir para su postulación, además tenían funciones de solucionar y gestionar conflictos que ocurrían en la administración de la ciudad.
La “Justicia Transicional” es necesaria para la solución del conflicto armado interno y violento que vivió la sociedad y que no quiere su repetición, es un mecanismo que se debe implementar para restablecer un Estado de Derecho y la democracia, si se somete a un plebiscito es sobreponer la política sobre la justicia, sería manipular la justicia a favor de los que cuentan con recursos suficientes para influenciar los medios de comunicación, la opinión pública y cambiar la percepción de las mayorías con el propósito de detentar las instituciones del Estado, la justicia que ellos entiende como la “ley del más fuerte”.
Muy diferente si el plebiscito únicamente es para aprobar que las FARC estén en política como organización, además sin estar incluidos en el acuerdo sobre política que se discutió, que tengan la oportunidad de ocupar por dos periodos consecutivos una o dos curules en la Cámara de Representantes sin el requisito de participar en unas elecciones y según como lo manifestaron después que tengan lugar en el Consejo Nacional Electoral, algo que sí se debe considerar como preguntas en un plebiscito. Además su participación en política dependerá y está limitada por la “Justicia Transicional”.
Por otra parte el acuerdo sobre lo agrario, el narcotráfico, la "Justicia Transicional" y las víctimas deben ser proyectos de Estado y de gobierno con las demás ramas del poder para que solucionen las causas y así evitar que el conflicto armado interno se mantenga. Si se incluyen en el plebiscito y no se aprueban entonces el conflicto armado continuaría.
Paul Collier y Anke Hoeffer en el ensayo On Economic Cause of Civil War demuestran que las guerras civiles no tienen propósitos políticos y los actores que reivindican derechos no luchan por los principios y valores que puede tener una ideología. Ellos afirman que todo conflicto armado interno los actores que se enfrentan a un Estado y gobierno es con el interés de apropiarse de los recursos económicos primarios y mientras dura la confrontación cometer “depredación” que se puede entender como el cobro de extorsiones en caso de existir una mina o explotación de petróleo, también apropiarse de los recursos con robos de los bienes primarios que luego comercializan en la ilegalidad.
Collier y Hoeffere mencionan con explicaciones de casos de conflictos armados internos en África y otras partes del mundo que el principal motivo de mantenerse en la “lucha” es por la rentabilidad y la concentración de riqueza que obtienen. Sus explicaciones son con diferentes variables; que un país presente dispersión geográfica de su población, que el crecimiento demográfico sea acelerado, con un alto nivel de analfabetismo y baja calidad de la educación, bajas rentas y una economía de bienes primarios e ilegal que mantienen la confrontación y la existencia de grupos armados ilegales porque los hace organizaciones rentables. Piensan que para evitar que los grupos armados ilegales se reproduzcan, no se debe creer en ideologías y la justificación de la lucha armada, más bien que el Estado garantice derechos fundamentales, políticos, sociales y económicos que eviten el surgimiento de protestas además que se cree un sector secundario y terciario de la economía que evite la apropiación ilegal y el control territorial de lugares donde hay bienes primarios, que se genere suficiente mano de obra con ingresos mayores a los que puede generar una economía ilegal y no depender de bonanzas y las rentas que generan un sector primario de la economía que en muchos casos su valor es por un precio internacional.
Las TERREPAZ que proponía las FARC es un intento por dividir el territorio del país y en mantener la población dispersa, población que se educa con una doctrina fundamentada con la ideología de las FARC, lugares en los que la población se reproducirá, sus rentas no serán iguales a las que genera una economía legal de un sector secundario y terciario de la economía.
Es probable que las FARC no tengan dinero en efectivo en el país, pero si tienen capital como los terrenos en los que ejercen dominio, también se sabe de los negocios y las propiedades que tuvieron a nombre de testaferros, además cuentan con mano de obra como lo son las personas que tienen bajo su mando.
El gobierno y el Estado con la nueva Autoridad Nacional de Tierras, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, las Áreas Estratégicas Mineras deben prevenir conflictos en lugar de crearlos, además reconocer las Zonas de Reserva Campesina como un modelo que también puede generar suficientes rentas y ingresos que se puedan distribuir. La población que fue desplazada y retornó a su lugar debe tener conocimiento para que aproveche con nuevas técnicas el territorio y pueda ser suficientemente competitivo lo que producen. La población como el sector privado y público deben tener los suficientes conocimientos y el capital para que en lo posible sea soberana la explotación de recursos naturales y no se dependa de capital y conocimiento foráneo. La creación de un sector secundario y terciario es esencial para que no cause una lucha por la apropiación indebida o protestas de los que no tienen participación en la riqueza que produce un sector primario de la economía. Ademas teniendo en cuenta los derechos humanos, el Estado respetar y defender territorios ancestrales e indígenas…TypeWriter 12.
