jueves, 31 de julio de 2014

La desigualdad y el Plan Nacional de Desarrollo

La búsqueda negociada del conflicto

Se puede afirmar que quienes viven en la pobreza su situación es de desigualdad y para solucionar el problema de la desigualdad según todo gobierno tanto a nivel nacional, departamental, municipal o distrital cuenta por constitución con un  instrumento como lo es un Plan de Desarrollo que formulan desde que fue promulgada la constitución de 1991 y la Ley 152 de 1994. 


Aunque antes de la década del noventa la palabra desarrollo era mencionada, el logro de reducir completamente la desigualdad en el país no ha sido posible, según el Informe sobre Desarrollo Humano que publica las Naciones Unidas en el 2014 de 168 países que fueron medidos, Colombia se encuentra en el puesto 12 de mayor desigualdad y según superado por Níger, República del Congo, República Centroafricana, Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso y Burundi.

El coeficiente de Gini es de 53,9 entendiendo que las mediciones que se hacen se miden entre una escala de 0 a 100, entre mayor sea el número el país tiene más desigualdad. El informe menciona que entre 16 y 18 millones es la población que vive en la pobreza, por otra parte la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento(Codhes) calcula que el número de desplazados es de 219.405 personas, y en total lo que se ha medido hasta el 2013 sumando los años anteriores el número alcanza los 5,9 millones de desplazados en el país.

 Son dos censos importantes los que ha realizado el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) desde 1991, en 1993 se calculó que en el país son 3’841.300 los hogares que viven en Déficit de Vivienda y el censo del 2005 calcula que son 3’828.055. 

Sin que el Informe de las Naciones Unidas mencione la cifra del Déficit de Vivienda, se entiende que es un porcentaje de la población que vive en una condición de desigualdad, como la que indica el coeficiente de Gini y las personas que están en situación de desplazamiento. Según el coeficiente de Gini que registra el país es 53,9, más la población que vive en desplazamiento, y sin conocerse una cifra precisa que resulte de un censo y que indique con exactitud la población que viven en Déficit de Vivienda en el 2014, no los hogares, que además se sepa el número de personas, es lo único que permitiría formular una política pública para reducir la desigualdad, si se utilizan cifras inexactas y imprecisas probablemente el desarrollo no será o ha sido progresivo como lo demuestra el Informe para el Desarrollo de las Naciones Unidas en el 2014.

El problema de la desigualdad no puede tratarse si el problema de la vivienda, las personas que viven en déficit, no hacen parte de una política integral que en realidad solucione un problema de hábitat, pensar que la solución para que muchas personas superen la condición de desigualdad con vivienda gratuita sin que se garanticen las posibilidades de obtener un trabajo digno y formal, acceso a la salud, alimentación, educación… es suponer que el problema se reduce a garantizar un alojamiento, que sin hacer un análisis de la calidad de las viviendas que se regalan, debe ser la política de vivienda una solución que integrada a otras políticas resuelva una condición de “hábitat en desigualdad”, o mejor dicho "Déficit de Hábitat". 

Cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio menciona que el Déficit de Hábitat se entiende a partir del déficit de vivienda es confuso como también suelen afirmar documentos del DANE, por lo tanto hace necesario que se elabore una metodología para saber si lo que se está midiendo es el Déficit de Hábitat. Qué para medirlo se realizaría teniendo en cuenta otras variables no únicamente el déficit cuantitativo y cualitativo con el que se mide en los censos el Déficit de Vivienda. La desigualdad entendida desde el hábitat permitiría saber a cuánta población se enfocarían las políticas que no serían únicamente de vivienda, serían de hábitat, además teniendo en cuenta la cifra del coeficiente de Gini y los Indicadores de Desarrollo Humano se calcula el efecto que debe tener la política y cuáles serían sus resultados.
 

Qué las personas puedan vivir mejor que en el subdesarrollo y sea posible desde lo urbano, sería con un enfoque para observar el hábitat y cómo se explica la desigualdad en la que vive la población en la ciudad. Definido un hábitat rural será posible solucionar el problema de la vivienda y las condiciones de desigualdad en la que vive la población en los campos.

La violencia que puede resultar de la desigualdad, puede ser solucionada con un Plan de Desarrollo. Con el consenso que resulta de la negociación, es cómo deberían ser las políticas que contiene el plan. Este sería el acuerdo que solucione el problema del conflicto armado cuando justifica a las partes a enfrentarse con las armas porque según viven unos en desigualdad. Pero no es válida y ilegitima una negociación cuando tienen unos intereses económicos como los que resultan de negocios criminales; como lo son el trafico de drogas, armas, la extorsión, el secuestro entre otras actividades ilícitas y delictivas que causa que el país continúe en la pobreza y la violencia...TypeWriter 12 

El equilibrio de la reelección, La cuerda floja de la política

En unas elecciones como las que han sucedido cada cuatro años, en las que a veces se escogen a los mismos u otros. Sí, lo que siempre se ha elegido por constitución desde 1991 es a quiénes formularán un Plan Nacional de Desarrollo que en el caso de las elecciones al congreso y las de presidente es lo que debería validar la posibilidad de que sean elegidos de nuevo en las urnas. Por la falta de debate sobre cómo deberían formularse mejor los Planes de Desarrollo y cómo deben evaluarse los resultados de cada período al finalizar las legislaturas y el ejecutivo a partir de lo que resultó del Plan de Desarrollo anterior, se está debatiendo sobre la reelección presidencial, de alcaldes y gobernadores además extender a seis años y unificar los períodos, es decir que finalizarían el periodo por el cual fueron elegidos el mismo día, que según el presidente que se escogió en las elecciones de junio 15 del 2014, entre otras reformas políticas, tiene previsto junto con los congresistas que hacen parte de la coalición de gobierno, la llamada “Unidad Nacional”, restablecer un equilibrio de poderes porque según la división entre las ramas del poder público está desequilibrada y los poderes necesitan límites, según como dicen “la ambición debe contrarrestar la ambición” a partir del principio de “pesos y contrapesos”, pero es una reforma que como la proponen igual le permitirá concentrar poder a la rama ejecutiva, más que el congreso, aunque diga que no lo beneficiará porque para el próximo período será prohibida la reelección, si de pronto será un beneficio o podría perjudicar a la coalición que lo apoyo en las pasadas elecciones y no hace oposición. 


Además de intentar hacer un “equilibrio de poderes” o una reforma para intentar “contrarrestar ambiciones” propone en el discurso de apertura del nuevo congreso cambiar el tarjetón electoral, eliminar el voto preferente, y probablemente que no sean números de listas los que se elijan tanto de senado y cámara, igual ocurriría para corporaciones departamentales, municipales y distritales, que no se elija de las listas que presenta un partido un número, una curul, pero sí que se escoja la lista entera, los que alcancen, y puedan ocupar una curul en una corporación pública por cifra repartidora, algo que se había reformado en el 2003, por lo tanto el partido que obtenga más votos tiene más curules, reforma nueva que probablemente fortalecería los partidos políticos, si se vota por una lista entera, lo que podría causar que ¿Las elecciones internas en los partidos sean tan importantes como las que ocurren en cada periodo a la presidencia y al congreso? y Los miembros del partido por la competencia, en ser los primeros de la lista que se eligen, pero ¿Se controlarían entre ellos?

Como lo que no se está reeligiendo, si de ser aprobada la reforma para que el período sea de seis años, es un Plan Nacional de Desarrollo, que se puede cambiar o presentar con modificaciones al nuevo congreso, el debate de por qué una vez elegido el presidente y el congreso, no se eligen con un Plan de Desarrollo formulado, que se hace durante campaña “prometiendo o proponiendo” y no necesite después de ser presentado por el presidente su aprobación por el congreso, es porque únicamente el congreso elegido en el que hacen parte mayorías, minorías y oposición; sería el único legitimo para hacer un Plan Nacional de Desarrollo que compromete la función pública como hace que tanto el ejecutivo elegido y el congreso estén en función de cumplir con lo que se proponen.

Si no se tiene en cuenta que se está eligiendo un programa, el contenido de un futuro Plan de Desarrollo, entre los candidatos al senado y para la presidencia entonces el debate sobre la reelección se puede entender entre otras perspectivas a partir de la ambición que pueden tener los que hacen parte de las ramas, y cómo pueden controlarse para que no se excedan en las funciones que les corresponde, si el tiempo indicado para tener un desempeño aceptable y para que cumplan con lo que proponen les permita ser de nuevo elegidos.

Prolongar a seis, cinco o mantener en cuatro años el periodo presidencial hace que continué concentrando poder la rama ejecutiva si no se cambian los periodos que ocupan para otros cargos, tanto en las legislaturas como en la rama judicial, además como se eligen, y para el tiempo en el que deben cumplir con funciones especificas así como las legislaturas y el ejecutivo deben cumplir con un Plan de Desarrollo. Si no existieran problemas penales por crímenes y delitos que según han cometido “políticos”, escoger a quiénes serían parte de la rama judicial no sería un problema político, y considerado por algunos como ideológico. Si la rama judicial se dedicará a resolver los conflictos civiles, privados, comerciales y muy pocos litigios penales, entre otros procesos jurídicos, no estaría involucrada con la política si muchos políticos no tuvieran procesos por tráfico de influencias, fueran corruptos, cometieran delitos y mucho menos crímenes, entonces no sería problema que tanto el presidente de la república y el congreso eligieran magistrados para ocupar el Concejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Concejo Nacional de la Judicatura. Por otra parte la Corte Constitucional es un organismo político de la rama de la justicia que por su función de revisar cualquier decreto, reforma o ley que expida el congreso, pueda hacerlo exequible o inexequible, no perjudique la integridad de la Constitución Política, el escogimiento de los juristas que la componen, y que necesariamente tienen que ser magistrados, abogados, no un político, que son presentados en sendas ternas al congreso por la Corte Suprema de Justicia, el Concejo de Estado y el Presidente de la República, magistrados que deben cumplir con requisitos, hace que la Corte Constitucional establezca un equilibro de poder con las otras ramas. Pero la pregunta es ¿Cuánto es el tiempo suficiente para los que son elegidos a la presidencia y al congreso, y para los magistrados de la Corte en la ocupación de su cargo? ¿El tiempo establecido será suficiente para cumplir con lo que les corresponde? En el caso del ejecutivo y la rama legislativa cumplir entre otras funciones no únicamente con la aprobación, además el cumplimiento de los objetivos que se mencionan en un Plan de Desarrollo.

La reforma que se propone para prohibir la reelección y prolongar el periodo del presidente, de alcaldes y gobernadores, que sea de seis años y se escoja el mismo día, hace que el presidente concentre más poder al articular el presupuesto como la formulación de políticas públicas por medio del partido o partidos directamente con alcaldes y gobernadores que serían elegidos, por lo tanto la función del congreso sería entre otras hacer control político durante cuatro años y escoger magistrados, al procurador, contralor y defensor del pueblo, congreso con un periodo de menos tiempo que el ejecutivo, como el presupuesto y la formulación de un Plan de Desarrollo estaría supeditado y dependiendo de lo que propongan los alcaldes y los gobernadores, no sería efectiva la representación del congreso, y la promulgación de leyes estaría influenciada por intereses regionales ¿La cámara de representantes en este caso qué función tendría? La conformación de una coalición entre el presidente y entre congresistas no tendría sentido cuando una coalición entre partidos con los alcaldes y gobernadores puede ser más estable como concentraría más poder para la elección de cargos burocráticos, manejo del presupuesto, la celebración de contratos y la ejecución de proyectos. Según Juan Manuel Santos de que sea un mismo periodo con igual duración hace que puedan comenzar un “programa de gobierno al mismo tiempo, y que, como se ha escogido a los alcaldes y gobernadores desde 1991 no se conecta con la agenda ejecutiva". El anterior argumento es hacer que el ejecutivo tenga más poder central y no el ejecutivo ajustarse a los Planes de Desarrollo que están ejecutando los alcaldes y gobernadores lo cual es parte de la descentralización aprobada en la Constitución Política de 1991 pero que quieren reformarla para que el ejecutivo concentre más poder. Hacer que una reforma como lo es la reelección sea por medio de un referendo o plebiscito, implícitamente un congresista o un presidente electo o candidato haría campaña, por lo tanto no sería una decisión liderada por la propia ciudadanía. Es tan preocupante que un político que se elija y pierda una elección uninominal como lo es la de presidencia, alcaldía o gobernación y según propongan que -si es el segundo en votaciones obtenga una curul en la corporación correspondiente- senado para presidente, concejo para el alcalde, asamblea departamental para el gobernador, si no ganan, los cargos administrativos no tienen comparación con un cargo en una corporación, no hacen lo mismo, ni para lo que fueron elegidos les serviría el discurso de la campaña, pero hace evidente que el político únicamente sabe hacer política y por lo votos obtenidos, proponen un premio de consolación. Debería ocupar una curul del senado de los departamentos que no tienen representación, que es más un problema que los ciudadanos de los departamentos elijen a senadores que no son de su departamento, al parecer hay clientelas de senadores de otras partes en departamentos que no les corresponde, o no se identifican y no están siendo representados por los que se postulan por su departamento. 


Según un documento de las Investigadoras Bibiana Andrea Clavijo Romero y Lina Fernanda Morera Montaño del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga que titula "Equilibrio de Poderes y Reelección" de agosto del 2010 mencionan que la reelección que se aprobó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez afecto la división de poderes, el tiempo y el proceso como se escogen magistrados de la rama judicial, funcionarios del ministerio público, entes de control y la junta directiva del Banco de la República. Explícitamente afirman que << Los órganos del Estado deben limitarse y frenarse entre sí para evitar una excesiva concentración de poder en un solo órgano, adicionalmente las funciones de cada una de las ramas deben estar consignadas en la ley y debe evitarse a toda costa la concentración de poder en una sola de éstas>>. En conclusión para las investigadoras se debe disminuir la injerencia de la rama ejecutiva en la elección del fiscal, los magistrados de la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, el Procurador General de la Nación y Contralor General de la República. Y Recomiendan que el rediseño institucional que se debe hacer es teniendo en cuenta el sistema político y hacer una estructura estatal que se ajuste a los periodos principalmente de las legislaturas y el ejecutivo.


José Obdulio Gaviria en el libro la Reelección "Que el Pueblo Decida", es quien pensó sobre la posibilidad de la reelección antes de que Álvaro Uribe Vélez fuera candidato para un segundo periodo, aunque según en su libro no se pretendió que Uribe fuera reelegido, si para hacer la reforma, según el autor se debía derogar el prohibicionismo porque “lo bueno pude durar” y que los presidentes derrotados en unas elecciones es porque son impopulares. Considera que la reelección es una forma de evaluar la buena gestión, tiene aspectos jurídicos pero que no son primordiales según él, pero si el liderazgo y que el pueblo, la autodeterminación popular sea quien finalmente le otorgue la posibilidad de reelegirse, que sea una decisión mayoritaria, pero afirma que <<La ambición per se no es algo reprobable en un líder mientras vaya en consonancia con un genuino talento>>(…)<<El presidente Uribe dijo en su campaña que no podíamos seguir con un congreso que cuesta 60.000 millones al año cuando para vivienda social sólo hay 150.000 millones. Que el número de congresistas debía reducirse de 266 a 150>>.

En la historia del país se sabe que han sido reelegidos como presidente Francisco de Paula Santander que gobernó entre 1819 a 1826, después entre 1832 a 1837, Tomás Cipriano de Mosquera entre 1845 a 1849, Manuel Murillo Toro entre 1864 a 1866 y después en 1872 período que duro seis meses, Rafael Núñez que fue elegido en 1880, en 1882 reelegido hasta 1884, en la constitución de 1886 prolonga el periodo presidencial hasta seis años con la posibilidad de reelegirse, dura en el poder hasta 1894. Siendo presidente Carlos E. Restrepo en 1910 acorta el período presidencial a cuatro años, Alfonso López Pumarejo entre 1924 a 1938 fue su primer período, fue reelegido entre 1942 a 1946. Gustavo Rojas Pinilla hace un golpe de Estado en 1953, en 1954 y 1958 por una coalición entre los partidos tradicionales aprueban la continuidad de la dictadura hasta 1947. Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente para un primer periodo entre el 2002 a el 2006 y reelegido hasta el 2010. 

Roberto Gargarella en el artículo académico "Recientes Reformas Constitucionales en América Latina Una Primera Aproximación del año 1997", una reforma política a la constitución como lo es la de restablecer un “equilibrio perdido” ocurre porque alguna de las ramas concentra más poder que las demás, en el caso del ejecutivo afirma que la concentración se presenta por una dinámica de “suma cero”, el partido que gana la presidencia y la coalición, dominan todo, es lo que él dice gana; el “premio mayor”. Teniendo en cuenta que sería un periodo de seis años, puede ser de cinco o cuatro que junto con el de alcaldes y gobernadores, si en un mismo día sería elegidos como proponen, la concentración de poder sería superior a la del congreso, aunque la reforma no habla de cambiar funciones que tiene el congreso como la de control político de citar a los ministros o poder juzgar a un presidente o ex presidente, si al parecer no se ha dicho que el mismo día también se elijan senadores y representantes a la cámara, como se prolongue también el período legislativo por el cual fueron elegidos a seis años. Gargarella menciona que la posibilidad que existan derechos fundamentales y que deben ser garantizados, mecanismos como la tutela en este caso garantizan su cumplimiento, los derechos son un poder que exige su cumplimiento a la rama jurídica, entonces al existir derechos de los que se puede exigir su cumplimiento hace que tenga un poder diferente lo jurídico y genere un equilibrio con las demás ramas. 

Hacer una reforma como la que propone la “Unidad Nacional” liderada por Juan Manuel Santos sería de su beneficio si se coordinan entre los próximos candidatos a las alcaldías y a la gobernación, si aceptan que su periodo vuelva a comenzar cuando se apruebe la reforma y comience el siguiente periodo presidencial, si pretenden que sean elegidos el mismo día que el presidente, o convencerlos de que serán elegidos para un período de dos años si se aprueba la reforma y no les permite reelegirse otra vez. Pero es una reforma para que continúe concentrando poder el ejecutivo, es quien la propone, pero el congreso al parecer no parece saber que de la rama legislativa depende poder controlar el ejecutivo, como tener más poder para exigir que cumplan por medio de los ministerios el contenido de un Plan de Desarrollo que es la cuerda floja por la que caminan durante el período para el que fueron elegidos...TypeWriter 12

viernes, 18 de julio de 2014

La rumba extendida del alcalde y La Industria de Licores de Cundinamarca


Una ciudad despierta las 24 horas es donde diferentes actividades económicas tienen lugar, el nivel de consumo es igual que la producción industrial y que el nivel de compra en los mercados, las ciudades que viven despiertas es porque la población consume y produce las 24 horas además tienen lugares de entretenimiento que funcionan durante la noche y el día. Quiénes proponen que Bogotá sea una ciudad despierta lo piensan a propósito de la rumba, aunque se han realizado jornadas de comercio con horario extendido, la ciudad no tiene una producción y un consumo para que una población este activa las 24 horas que dura el día, que funcionen los servicios de la ciudad principalmente el transporte, que durante toda la noche, hospitales, bomberos y policías estén a disposición para lo que pueda ocurrir. 

Las restricciones al consumo de alcohol se han interpretado como restricciones a la rumba y al transporte porque manejar bajo el efecto del alcohol está prohibido, pero eso no impide la prestación del servicio de taxi. Con el Decreto 890 de 1995 el alcalde del entonces impone una restricción al consumo de alcohol, lo que se conoció como “ley semi seca”, que entre otras políticas de Antanas Mockus también se llamo “Ley Zanahoria”que a causa de los problemas por un consumo desmedido de alcohol, los accidentes principalmente de carros particulares, hace que se imponga una restricción a la venta y el consumo de trago, lo que impuso que los sitios de rumba tuvieran una restricción horaria para su funcionamiento. Sin ser la solución al problema del consumo desmedido, la limitación horaria causó que la “rumba” después de las 1am se ubicara en las afueras de la ciudad donde la alcaldía ni el concejo tenía jurisdicción. La rumba en “Andres” los “after party”, “after hours”, los “raves” en el parque Jaime Duque… los sitios que por su ubicación o discreción permitió que la rumba ahí continuara no fueron lugares donde se impedía ingerir alcohol u otro tipo de sustancias después de expedido el Decreto 890 de 1995.

El problema de la rumba en Bogotá nunca se ha definido si es por la ubicación, el nivel de ruido que produce, si los sitios de rumba deben pagar impuestos o permisos adicionales a diferencia de cualquier lugar comercial, si el problema puede ser también con el régimen laboral de los trabajadores que se dedican a ofrecer rumba, si es por culpa de los menores de edad, si los lugares cuentan con los requerimientos para prevenir desastres; rutas de evacuación… si el problema es por la inseguridad y la informalidad de ventas ambulantes en zonas de rumba… Durante la Alcaldía de Antanas Mockus la preocupación era por el consumo de alcohol y las consecuencias; riñas, accidentes de tránsito, inseguridad en las calles, crimen, pero la medida traslado el problema con un menor impacto de accidentes de tránsito a la autopista norte y a municipios como lo es el caso de Chía entre otros, por otra parte locales que en diferentes lugares funcionaban, según cuentan en zonas industriales, otros sitios a las afueras de la ciudad y algunos ubicados en la localidad de la Candelaria, que fueron en donde la rumba no tuvo horario mientras las autoridades no se dieron cuenta o eran sobornados. 

Si se habla de rumba puede ser en un restaurante donde después de la cena la orquesta hace sus mejores interpretaciones, puede ser en un bar o pub donde la cerveza junto con un buen grupo de rock o funk ameniza la conversación, puede ser en un local donde el dj mezcla ritmos y los asistentes bailan… existen clubs nocturnos, bares, restaurante, discotecas, tabernas, tiendas y licoreras, aunque de los sitios mencionados únicamente en los tres últimos se puede comprar licor y muchos no ofrecen la posibilidad de hacer ahí el consumo del producto, si todos hacen parte de una actividad económica que ocurre en la noche, actividades comerciales nocturnas que junto con los negocios de billares, bolos, tejos entre otros que funcionan en la noche y que venden trago como los prostíbulos deben contar con una regulación que no únicamente limité la venta de alcohol según los horarios que se establezcan, también tener en cuenta problemas como la ubicación, prevención de desastres, riesgos profesionales, el régimen laboral y de contratación, la inseguridad y la informalidad de ventas ambulantes que se pueden presentar, hacen que no se entienda el problema de la rumba desde las consecuencias que causa el consumo desmedido de alcohol únicamente.

Con el Decreto 305 del 2014 que expidió el alcalde Gustavo Petro se establecieron seis zonas de rumba con horario extendido y se permitió que no todos los sitios tuvieran la oportunidad de vender alcohol hasta las 5am, pero no es la solución si el problema es con el consumo de alcohol y que puede prevenirse sus consecuencias desde la educación familiar. El problema de la rumba, del horario y la restricción a la venta y consumo de alcohol no es lo único que se debe solucionar desde la política cuando se sabe que el problema se entiende ahora con otras variables que son evidentes en el caso de los trabajadores; músicos, dj, meseros, bartender o barman, además el personal que se dedican a sacar borrachos y a cobrar la entrada, si todos los trabajadores cuentan con contratos que garanticen seguridad social, cesantías y seguro contra riesgos laborales, entendiendo que sería un régimen especial si únicamente funcionan algunos días entre semana y los fines de semana, cómo sería el contrato y que garanticen lo anterior, deben ser sitios que funciones ochos horas y las horas extra, según el “horario extendido” que propone el burgomaestre, cómo se cobra, cómo establecer las horas y el pago del trabajo. En el caso de los músicos que trabajan en la noche, algunos como serénateros otros que se presentan en sitios, deberán contar con una asociación para su reconocimiento como músicos de calidad, un pago mínimo, posibilidad de tener acceso a una caja de compensación, seguridad social, subsidio de vivienda si lo necesitan, seguro medico... El problema si el sitio no cuenta con un plan de prevención de desastres, medidas si un incendio o terremoto ocurren, que tengan un límite de ocupación que no presente “déficit la pista de baile”, entre otros problemas como la ubicación, cuántos están próximos a universidades o colegios, en el caso de la zona rosa en Chapinero entre la calle 56 y 58, carreras 7 y 13 que rodea la universidad Santo Tomas, si hay control de las tiendas que permiten hacer consumo de licor. Además de la informalidad y la inseguridad que se presenta.

Gustavo Petro dice que el éxito de su política de “horario extendido” sería si se reduce la criminalidad, el “proxenetismo ilegal” que se ofrezca una oferta de taxis seguros, que los sitios tengan insonorización y que vendan alcohol de calidad. Pero será necesario qué se cobre por ley más por el licor que se consume después de la 1am hasta las 5am y que aumente el precio de la entrada a partir de la hora de apertura hasta el cierre, así ofrecer mejores salarios a quienes trabajan en ese horario.

Sin tener en cuenta la producción de licor tipo aguardiente que produce la industria departamental porque el distrito no tiene una empresa de licores, qué beneficio traerá para el recaudo del impuesto a la salud y al deporte que se cobra a la venta de alcohol en el “horario extendido” del Alcalde...TypeWriter 12