miércoles, 26 de octubre de 2016

Más gobierno abierto, para más gente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2016 presentó al público la campaña para que los grupos definidos como sub-representados, les garanticen todos los derechos, el título de la campaña es “Más derechos para más gente”. 

La OEA también ofreció la posibilidad para que servidores públicos e interesados desde sus diferentes profesiones y ámbitos académicos se formaran en talleres. El tema de Gobierno Abierto que se enseñó fue con el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación, cursos virtuales. Posibilidades para que todo ciudadano de las Américas se forme con ideas y conocimientos que hacen un continente con una democracia que se empieza a entender más allá de la representación y la participación ciudadana en elecciones. 

La Post - Democracia, Un Cabildo Abierto Con Información Permanente.

Todos tenemos la oportunidad de participar en la conformación del poder público y político, por lo tanto, los derechos no se limitan con la representación. Las posibilidades de conformar partidos y movimientos políticos, las iniciativas ciudadanas en corporaciones públicas, los referendos y los plebiscitos son parte de la democracia pero en tiempo y lugar son procesos electorales a excepción de las iniciativas ciudadanas en corporaciones públicas. Los partidos y movimientos son organizaciones que sin importar ideología, su principal razón, se podría mencionar, así como muchos afirman, son las competencias electorales. 

El Gobierno Abierto en una democracia se podría entender como un derecho activo que se ejerce sin necesidad de representación, la gestión pública y la función que tiene responde lo que es objeto de gobierno, que es responsabilidad no únicamente de políticos escogidos en elecciones. Los ciudadanos necesitan de la iniciativa y la voluntad individual para que así ejerzan la participación como el control político, se conviertan en individuos atentos de las rendiciones de cuentas, testigos de la transparencia burocrática, comprometiéndose con colaborar en la gestión de las políticas públicas. 

Entender el Gobierno Abierto como un paradigma, sería incluir en la disertación que la “post - democracia” que muchos parafrasean, hace que la comunicación y la participación cambian el medio que ha conformado el poder público y político tradicional. Antes, acostumbrados únicamente ha opinar, ha participar en elecciones, también incluidas formas de organización y movilización; la afiliación a un partido político y las acciones de protesta. El medio para conformar el poder público ahora, no únicamente se hace recogiendo firmas y en las elecciones, referendos, con consultas populares, consultas internas en los partidos, revocatorias del mandato, iniciativas en corporaciones públicas y plebiscitos. Un Estado con una legislación que obliga a toda entidad a contar con apertura de datos, transparencia y rendición de cuentas, amplía las posibilidades de control. Los que participan están más informados y colaboran de acuerdo con la búsqueda de la eficiencia en la gestión pública. Por eso el paradigma de Gobierno Abierto tiene similitudes con la participación y la colaboración de un cabildo abierto permanente, transparencia institucional con la rendición de cuentas y datos abiertos al público, así como responden las dudas de los ciudadanos. 

Jürgen Habermas en la entrevista que titula Core Europe To The Rescue: A Conversation With Jürgen Habermas About Brexit And The EU Crisis, en la revista Social Europe, 12 de julio 2016. Habermas piensa que las democracias nacionales tienen un gran vacío y han perdido el control del centro de Europa que fue lo que determinó los derechos importantes como una condición social existente. Entonces él supone que el referendo que tuvo lugar en el Reino Unido es una evidencia de lo que puede entenderse como una “post - democracia”. La competición de los partidos está fragmentada con el referendo “Brexit”, la oposición no informó sobre las cuestiones elementales y relevantes que permitió que con diferente estilo argumentativo no confrontaran la visión política específica de votar para permanecer en la Unión Europea. Las diferencias generacionales por edad es una desventaja, los mayores tienen más interés por lo público y lo político, los jóvenes ahora no se comprometen vinculándose a una causa política y con informarse. Los cambios digitales y el uso que hacen los jóvenes no orientan las políticas según como se esperaba. Además Habermas menciona que, la ideología de mercado y la tecnología de Silicon Valley hacen ver la democracia como una cosa “pasada de moda” pero que es un factor serio, así como las tendencias de inclusión política en los partidos dentro del complejo organizacional del Estado. Según Habermas, hay una percepción de pequeñas élites que detentan el poder y cooptan las instituciones, las elecciones se juzgan como medios que mantienen a unos pocos gobernando y que la representación no es un reflejo propio de lo que se esperan todos los ciudadanos.

Habermas es pesimista con la “post - democracia” y en el contexto que la define es un caso como el “Brexit”. Pero la participación directa como lo es un referendo y un plebiscito, que responden a una cuestión común, es una decisión de mayorías que compromete a todos, la democracia no se limita a procesos de refrendación o elección... Por lo tanto en el contexto que Habermas plantea la “post - democracia”, aparte de los resultados del referéndum que decidió la no continuidad de Britannia en la Unión Europea, es donde existe un uso masivo de tecnologías como los microprocesadores en celulares conectados a internet y el uso de aplicaciones que fomentan más la participación, la transparencia y la colaboración. El Gobierno Abierto entonces en una “post - democracia” se podría afirmar que, es más que “poner de moda” en los ciudadanos contemporáneos las cuestiones políticas con la información que hay y puede existir de la política y lo público, principalmente las funciones que tienen, todas las entidades del Estado Social de Derecho en el caso colombiano y la constitución, sin que cuente con un artículo alusivo sobre Gobierno Abierto pero que la legislación colombiana como leyes menores contienen y lo hacen entender. 

El Gobierno Abierto un Tipo de Mediación.

El Gobierno Abierto como una estrategia general y constituida en el orden jurídico, evita que la función y la gestión pública esté sometida a los cambios constantes que devienen de los periodos electorales que son causados por nuevos candidatos, que los elegidos no continúan con las políticas de sus antecesores o puede pasar que los resultados no es lo que esperan los ciudadanos que exigen y eligen de los gobiernos. 

El Estado Social de Derecho en el caso colombiano tiene obligaciones precisas como es garantizar los derechos que menciona la constitución, por lo tanto el cumplimento básico con la prestación de servicios sociales es una obligación. El presupuesto que se destina, los contratistas, lo que hacen y los resultados son parte de lo que además pueden saber y controlar cada ciudadano, colabora con hacer que la función pública este atenta a sus reclamos, a las dudas que pueden tener y expresar. Mecanismos de justicia como los Derechos de Petición, artículo 23 Constitución Política, Ley 1755 del 2015. Las Acciones de Tutela, Acciones de Cumplimiento y Acciones Populares, artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política de Colombia, facultan para que cualquiera pueda interponer una demanda principalmente para garantizar derechos en el momento en que se vulneran. 

Un Estado que implementa estrategias de Gobierno Abierto garantiza que la participación no se limita a un tema electoral y de representación, tampoco de demanda jurídica. El ciudadano sería informado y podría solicitar información, participar en las rendiciones de cuentas y con dudas, colaboraría con el fin que tienen las entidades del Estado, que cumplan y se demuestre con resultados las inversiones y las obligaciones de los funcionarios o los servidores públicos. 

Jesús Martín-Barbero afirma que una sociedad democrática es en la que circula la mayor cantidad posible de bienes y mensajes, todos tienen acceso como comprenden lo que ocurre en las instituciones de gobierno y quienes tienen ahí funciones.

Las instituciones que son propias del entorno público y político, con la idea de Gobierno Abierto tendrían una estrategia general que media la posibilidad de conformar el poder democrático, hacen que los procesos que son propios de un Estado Social de derecho mantengan el debate constante y la participación activa con los ciudadanos, los convierte más que en legitimadores de las instituciones y los funcionarios públicos, involucrase directamente con la gobernanza y la gobernabilidad. Entonces así todos son testigos del cumplimiento de las funciones y el logro de objetivos con los que se fundan las instituciones  públicas y políticas. 

Las elecciones de circunscripciones plurinominales y uninominales pueden ser el reflejo de la voluntad de la mayoría. Uninominales, presidente, alcaldes y gobernadores correspondiendo con las funciones que tienen, se eligen los que administran y gestionan asuntos públicos generales. La diferencia de las corporaciones como los concejos, las asambleas y el congreso, elecciones plurinominales: ejercen control político, escogen autoridades como procurador y contralor, aprueban el presupuesto, presentan proyectos de políticas públicas, entre otras funciones. 

La representación en una democracia como afirmarían otros, es cómo se organiza y se distribuye el poder político indirecto de la sociedad por medio de personas escogidas en elecciones. Los intereses particulares, los conflictos, la convivencia, la seguridad individual y colectiva... Gestionada y decidida por los que son elegidos en una circunscripción plurinominal y uninominal. Pero no es directa la participación y tampoco las decisiones que afectan a todos. ¿Se pueden hacer decisiones generales y particulares por medio del consenso con todos los soberanos?

La explicación de un plebiscito y un referendo que involucra directamente en un mismo momento y lugar en unas elecciones, es un mecanismo que se puede entender y funciona como una democracia directa, convocado por un grupo de ciudadanos con firmas, referendo. Un plebiscito que convoca el presidente y sus ministros. La consulta popular es una pregunta que hace el presidente a los ciudadanos de un tema específico, Ley 134 de 1994. 

La democracia liberal representativa y participativa, característica de un Estado de Social de Derecho que incluye la libertad de mercados y la asistencia social que ofrece, así como la obligación de atender a la población en condición de desigualdad y pobreza. Las libertades políticas con el paradigma de Gobierno Abierto no cambian la institucionalidad, la representación y la participación. Amplía las posibilidades para que los ciudadanos estén informados, los funcionarios públicos rindan cuentas, conocen el presupuesto que utilizan con el recaudo de impuestos, los ciudadanos colaboran con la función pública, tienen respuesta a las dudas que puedan tener, así como denuncian y exigen eficiencia.

Los Costos y No los Beneficios de la Democracia Clientelista.

La participación en unas elecciones significa que el tiempo personal con un grupo de personas que se dedican a trabajar por una causa política que implica costos, entonces el resultado electoral que obtienen debería ser un beneficio. Muchos suponen que el costo de participar es mayor que el beneficio. La explicación de un comportamiento abstencionista puede ser porque hay en el sistema político corrupción, desconfianza de los procesos electorales, decepción por personalidades politiqueras y grupos políticos clientelistas, además los abstencionistas suponen que no tienen sentido las elecciones porque el costo de participar son mayores que el beneficio común, como puede ser afiliándose a un partido o movimiento político, siguiendo a un “líder”, hablando persuasivamente bien de él, repartiendo volantes, asistiendo a votar por él el día de las elecciones. Los que representan, son escogidos y obtienen una ganancia con los votos suficientes de las elecciones, pero es una ganancia personal y particular de un grupo político clientelista. 

El costo de la no participación de los abstencionistas, es un costo que asumen los que participan, los que votan por los miembros de un partido, como simpatizantes, voto de opinión, voto en blanco... Los que asisten a un compromiso y deber electoral. Aunque los abstencionistas se benefician o se perjudican por las decisiones y los votos de los demás. El abstencionismo no puede entenderse como una muestra de legitimidad. 

La interpretación de la política definida como clientelista y que causa abstencionismo es, se involucran no únicamente en las elecciones los que después conforman la burocracia, es decir todos los candidatos, familiares, donantes, asesores, los que trabajan en la campaña y muchos electores. Participan con el interés de obtener algo, recursos, posiciones y funciones que ofrecen la posibilidad de apropiarse personalmente, hasta cambiar funciones institucionales a su favor para detentarlas. Por otra parte las elecciones clientelistas tienen un precio, es decir que los candidatos y partidos tienen que invertir lo suficiente para ganar las elecciones. ¿Cuánto necesitan para ganar, cuánto vale una campaña, qué tanto invertirán los demás candidatos? la compra de votos. Los candidatos que más invierten en una campaña y ganan, determinan que las elecciones no son competitivas, es el que más invierte.

La corrupción clientelista no beneficia a todos, pero si perjudica a todos. Por eso las elecciones, en muchos casos los elegidos y representantes en el gobierno con casos de corrupción, causa la pérdida de confianza en las instituciones, en la democracia y el Estado Social de Derecho. 

La confianza en las instituciones es muy distinta a la desconfianza de alguien que es escogido en elecciones, porque la reputación es propia de las personas y por eso las instituciones se perciben con desconfianza, por las personas que ahí tienen funciones, el respeto de las instituciones se mantiene como idea abstracta que es la ley y la constitución, porque se fundan con principios y valores comunes. Entonces el concepto de Gobierno Abierto, su aplicación no depende de las personas que son escogidas en unas elecciones y que tienen que cumplir con funciones públicas. La aplicación depende de cómo las instituciones políticas como lo pueden ser una alcaldía, por ley y constitución, mantienen públicos los datos del presupuesto y la contratación, todos tienen acceso y los trámites no son engorrosos, rinden cuentas periódicamente, los ciudadanos pueden exigir que les respondan sus dudas, hacen reclamos y proponen porque cuentan con la tecnología y con los canales de comunicación suficientes. Colaboran con proveer información y datos que la función pública gestiona como lo puede ser el arreglo de una vía, el lugar preciso de un daño público, un andén, entre otros, si las veedurías ciudadanas no son efectivas. 

El comportamiento racional en unas elecciones de una democracia clientelista, tiene como fin un beneficio egoísta, venta y compra de votos, los que participan y están en la clientela, lo hacen para obtener recursos y poder de decisión. En cambio con el voto programático, las elecciones en una democracia en las que se eligen unas ideas específicas, más que una ideología, incluso un plan de gobierno con un estilo propio de un partido o un “líder” que no es corrupto, supone la legitimidad de la democracia legal. Qué una democracia clientelista detente el poder, es porque una élite corrupta está dispuesta a comprar votos y apropiarse de lo público, cuenta con un electorado, lo que llaman “maquinaria” peyorativamente, que utilizan y es inconsciente de las decisiones políticas, la condición de pobreza y de no garantía de derechos económicos y sociales, los convierten en participes oportunos que están dispuestos a cambiar en una jornada electoral, el poder público como soberanos por el precio que pueden tener en participar, persuadidos por un discurso simple que en lo mínimo causa una mayor emoción y percepción en elegir quién está dispuesto a motivarlos y a pagar más. Un proceso electoral que en este caso se puede suponer que no cumple con cuatro principios: elecciones incluyentes, elecciones limpias, elecciones competitivas, escogimiento de altos cargos públicos y políticos. Principios que la Organización de Estados Americanos con las Misiones de Observación Electoral Internacional, evalúa los procesos de participación ciudadana en elecciones. 

Las elecciones de una democracia clientelista no son incluyentes porque el voto se compromete a cambio de algo que no es un bien público y el beneficio únicamente es para los que hacen parte. No son limpias porque el mensaje que emiten puede ser incluso difamatorio para alguien que no participa en las elecciones con las mismas estrategias, la comunicación política se utiliza más para persuadir que para demostrar lo factible de un programa de gobierno, el debate se caracteriza más por la confrontación, las acusaciones personales y expectativas de promesas. No son competitivas porque un porcentaje del electorado y que determina ganar, está dispuesto a recibir a cambio de votar una suma de dinero por su condición económica. Con el aplicativo Cuentas Claras en Elecciones se sabe cuanto fue lo que invirtió cada uno de los partidos y los candidatos que declaran los gastos de la campaña. El escogimiento de altos cargos depende de cuánto está dispuesto a invertir en las elecciones y cómo repartirá el poder, cómo estando en el cargo correspondiente obtiene lo que gastó en elecciones, no piensa desde la planeación, ni mucho menos sobre la gestión de políticas públicas. 

En una democracia clientelista, la capacidad de elección no involucra, a menos que esté en la clientela y así se “relacione con el futuro”, es decir que la participación se reflejé en lo que elige, porque en esta situación el voto beneficia a quién eligen y la clientela, no obstante que la participación de un ciudadano esté involucrada y sometida a la clientela, que son pocos y renuncian a las ganancias generales para beneficio propio, por lo tanto en una democracia clientelista no es un beneficio general y común la participación, menos para los que no se organizan en clientelas. Pero aparecen problemas en común, la apropiación privada de los bienes públicos por unos pocos, la competencia electoral como un juego de suma cero. 

En una democracia clientelista los intereses individuales no son expresiones colectivas. La organización partidista puede tener como fin que, un “líder” se postula y sus electores son medios para lograr sus fines o propósitos personales, además reparte entre sus partidarios lo que se apropia de lo público, todos los que participan como parte del grupo que organiza el “líder”, tienen el interés privado e individual de obtener algo público. El fracaso de la acción política común en este sentido es cuando el costo que asumen los ciudadanos en unas elecciones, es el beneficio personal egoísta de un “líder”, sin que ellos obtengan gratificación alguna con un beneficio social o público para todos.

Un Paradigma Entendido Como Gobierno Abierto 

El control político que ejerce la sociedad no se limita a las formas tradicionales de participación democrática entre otras como lo es la revocatoria del mandato. En la práctica, el Gobierno Abierto hace las posibilidades para que todo ciudadano se “relacione con el futuro”, que la incertidumbre disminuya. Es porque las ganancias compartidas se explicarían con mayor transparencia, participación en la función y gestión pública con los datos abiertos, rendiciones de cuentas, más información, así es mayor la colaboración que compromete a los ciudadanos con estar atentos de lo que pasa con el Estado además con todos sus funcionarios. 

En una democracia liberal de un Estado Social de Derecho con Gobierno Abierto, “la cooperación puede ser la estrategia dominante” sin necesidad que medien los partidos, grupos de interés, grupos de presión, movimientos, miembros de la sociedad civil. 

Las organizaciones, gremios y sindicatos, así como los demás tipos de organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, que conforman el poder público y político. Los gremios y sindicatos tienen las posibilidades de hacer cabildeo o lobby, transparente y representando los intereses comunes que congregan, países con experiencia de Gobierno Abierto sobre este asunto son un ejemplo como Chile, los que se dedican a hacer lobby hacen públicas las relaciones que tienen entre el sector privado, el legislativo, el ejecutivo y las cortes, el pago de honorarios y los acuerdos que logran. 

La información que está disponible y que todo ciudadano puede consultar, exigir la rendición de cuentas, más allá de una iniciativa legislativa, preguntar y que respondan las dudas que tiene un ciudadano en cualquier entidad del Estado que cuente con Gobierno Abierto, depende que los comportamientos ciudadanos, políticamente el “repertorio conductual”, el mismo concepto que explica la movilización social y política, oriente la acción en sentido de la transparencia, la participación y la colaboración. 

El paradigma de Gobierno Abierto en una democracia, es una conciencia ciudadana así como una cultura cívica que orienta la conducta, incluye además normas sociales, la voluntad e iniciativa personal y grupal. El Estado reconoce que las personas tienen intereses particulares y propios, pero los ciudadanos participan y colaboran con un interés común en lo público. El estímulo que tienen en participar es la búsqueda de la eficiencia, la transparencia institucional, en donde pueden exigir y que respondan sus dudas. El Gobierno Abierto es un paradigma que no tiene en cuenta, en un análisis institucional las orientaciones afectivas y emocionales que tienen las personas, ni tampoco las ideologías. Es una forma de gobierno democrática en un Estado Social de Derecho que hace que la función pública involucra más a los ciudadanos. Los funcionarios públicos en las entidades donde trabajan son transparentes, responden y demuestran resultados. Los ciudadanos exigen y están atentos, colaboran con sentido común y democrático. 

La democracia clientelista puede ser la causa de la inestabilidad institucional, desconfianza, crisis de gobierno, gestión pública ineficiente y rebeldía social. Los partidos políticos importan en periodos electorales pero no cuentan con mecanismos conocidos para que estén gestionando de manera permanente con las entidades. La función pública con el paradigma de Gobierno Abierto continúa sirviendo para buscar la eficiencia a diferencia de las anteriores formas de organización burocrática y clientelista, sin mayor mediación de los partidos que únicamente tienen como fin las elecciones.

El paradigma de Gobierno Abierto según lo que menciona Thomas S. Kuhn, lo qué es un paradigma, es un enfoque o marco de observación propio de un momento histórico, desde que comenzó su implementación y durante su vigencia. Entonces equivale a un cambio que sustituye la idea de la democracia clientelista y un Estado que mantenía una élite burocratizada ineficiente. La ciudadanía entonces adquiere una conciencia de cooperación que mantiene los vínculos de confianza y generan capital social, resuelven los conflictos pacíficamente, ejercen el control social y político como parte de la dinámica democracia abierta de gobierno. 

En este sentido, el paradigma de Gobierno Abierto hace un marco en la conciencia ciudadana desde lo legal y lo democrático del Estado Social de Derecho que tiene como principios orientadores de la función pública, desde la cultura política, el involucramiento de los ciudadanos con la transparencia, la colaboración y la participación. La enseñanza es, los ciudadanos a partir de su propia voluntad se enteran de todo lo que hace el Estado y los funcionarios públicos, pero conociendo cómo funciona el Estado más allá de la división del poder público incluyendo la descentralización y la desconcentración del poder político - administrativo - territorial, las entidades que lo conforman, todas las organizaciones con los objetivos, las funciones y los recursos públicos necesarios. 

La transparencia, saber lo que se está haciendo con los planes de acción gubernamental, los planes de desarrollo, la publicación de datos como inversiones, recaudo de impuestos, contrataciones y actividades de la entidad. El fomento y la promoción de las rendiciones de cuentas, el control político y social con veedurías ciudadanas. 

Entonces la participación ocurre como un derecho que los convierte en testigos de la implementación de las políticas públicas, pero podrían participar con sus dudas como un servicio ciudadano que ofrece la entidad y entonces con propuestas ser parte de la formulación de las políticas, de las decisiones de la entidad con el beneficio de compartir experiencias, conocimientos e ideas propias, creándose un espacio público y virtual de encuentro con el uso de la tecnología entre el Estado, las entidades, los funcionarios públicos con los ciudadanos. 

La colaboración ciudadana es con la cooperación y cuando la entidad establece funciones que tienen los ciudadanos, la responsabilidad con hacer saber sus denuncias o reclamos, exigir mayor cumplimiento, hacer posible que las funciones de la entidad se presten para lo que fue creada, trabajan en conjunto para resolver los problemas públicos y comunes. 

La transparencia se asocia con la difusión de datos y que estén disponibles para quien los solicite, sobre las funciones y el presupuesto entre otras cosas. Desde el deber que tiene toda entidad, analíticamente supone, como lo define la ONG Transparencia Internacional, la transparencia es una instancia de participación que la entidad y los ciudadanos ejercen con tres conceptos con los que se entienden las rendiciones de cuentas: diagonal, horizontal y vertical, tipos de participación. La rendición de cuentas diagonal, es cuando los ciudadanos están facultados para controlar las entidades gubernamentales, hacen parte de la formulación de las políticas, no únicamente con la iniciativa legislativa en el congreso, se involucran en las decisiones de la entidad con dudas y respuestas en la elaboración del presupuesto, ejemplo así como el control de los gastos. Para Transparencia Internacional, la rendición de cuentas horizontal funciona como un “sistema de contrapesos” que no tiene la participación directa de los ciudadanos, pero si las denuncias que pueden tener además de las investigaciones que hacen, las veedurías ciudadanas, auditorias, las secretarias de transparencia, entidades como la Procuraduría, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, las Tutelas interpuestas, Acciones de Cumplimiento y Acciones Populares constitucionales. Por otra parte la rendición de cuentas vertical es la publicación de datos que hacen las entidades y los funcionarios en publicaciones, informes que se deben ser públicos y mostrar en diferentes medios de comunicación.

Las Tecnologías y la Comunicación Para Una Nueva Democracia. 

El gobierno en línea o electrónico se diferencia del Gobierno Abierto en cómo se hace uso de la tecnología. El gobierno en línea o electrónico es la prestación de servicios del Estado con el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs). Registro civil, formularios para el pago de tributos, la realización de encuestas en línea, trámites entre otros casos a modo de ejemplo que pueden necesitar de la gestión pública que recure a la implementación del gobierno en línea o electrónico que facilita y hace más cómoda la atención con los ciudadanos conectados a internet. El Gobierno Abierto hace uso de las TICs, pero no depende para su aplicación que esté vigente. Las rendiciones de cuentas, pueden ser virtuales, pero también se organizan para que sean presenciales, la solicitud de documentos, los derechos de petición puede ser con un correo electrónico y una carta impresa que se entrega en la entidad. El gobierno en línea, como tampoco las TICs, cambian valores como la democracia, ofrecen una alternativa para estar en contacto ciudadano principalmente para efectuar trámites, en cambio el Gobierno Abierto definen una nueva manera de entender la democracia y la participación, sería la búsqueda de conocer y ser parte del desempeño, el rendimiento, la eficacia, la eficiencia de los proceso que tienen lugar en las entidades. El Gobierno Abierto se promueve y como complemento con el uso de las TICs. El fomento y acceso del Gobierno Abierto con las TICs, tienen como contexto el Estado Social de Derecho, la democracia, la innovación para que la transparencia y la colaboración ciudadana estén al alcance de todos a modo virtual en lo público. 

En Colombia, la Urna de Cristal es una combinación de Gobierno Abierto y gobierno en línea. Es un espacio virtual creado para que los ciudadanos participen y conozcan la transparencia del gobierno, informe sobre temas de interés público. Depende de la rama ejecutiva, es un canal de comunicación que socializa con los ciudadanos información comprensible, donde pueden participar con preguntas y propuestas, se enteran de la gestión que hace el gobierno, principalmente el presidente. Resultados, avances e iniciativas es en lo que se centran, atienden inquietudes y propuestas, generan comunicación para que los ciudadanos interactúen y aprendan cómo es la gestión estatal.

La Urna de Cristal está en las redes sociales, las más populares como Facebook y Twitter entre otras hacen publicaciones, tienen en cuenta los comentarios, las preguntas y las propuestas que los usuarios pueden tener. 

Las redes sociales hacen parte de las TICs. Todas las páginas Web de las entidades públicas en Colombia tienen vínculos para el acceso desde la red social a la cuenta respectiva de la entidad. Se supondría que es la oficina de prensa de la entidad la que administra la cuenta en la red social, función entre otras como la de servicio al ciudadano, donde explican además las funciones, cuáles son los fines, la misión y la visión que tienen. 

Facebook Twitter al parecer, el propósito de sus creadores no era el Gobierno Abierto, las entidades se han adaptado a su uso así como los usuarios encuentran información que publican y un espacio para interactuar, que puede ser con la participación y la colaboración como lo propone el paradigma de Gobierno Abierto, lo que publican además servir como rendición de cuentas, entre otras informaciones que son parte del open data. 

Las redes sociales generan espacios virtuales públicos y políticos, aunque no se crearon con este propósito, las personas se contactan, cada persona tiene un grupo de contactos en común que además pueden seguir cuentas de entidades públicas como también marcas de empresas privadas. Las entidades del Estado como la ciudadanía encuentran un espacio para la interacción que a veces se convierten en movilización, incluso con la expresión de quejas y reclamos. La ciudadanía además encuentra un lugar para expresar su satisfacción y credibilidad, el Estado con el uso del marketing de lo público, el uso de técnicas de propaganda y comunicación política democráticas, tiene así legitimidad en una esfera virtual e independiente de los mass media tradicionales.

Los usuarios de las redes sociales, son ciudadanos que actuarían como sujetos pasivos que serían espectadores y los reactivos, reclaman y piden a la entidad una función activa, conformando la gobernanza electrónica con las TICs, una esfera virtual que adquiere una importancia pública y política para las decisiones y la legitimidad. El Estado con sus entidades aplicando el paradigma del Gobierno Abierto, en el caso de Facebook y Twitter, como está diseñada la red social sería un lugar en el que rinden cuentas con publicaciones, atienden las dudas y reciben las propuestas de los ciudadanos. Información que hacen pública sobre presupuesto y funciones, objetivos y resultados con un lenguaje comprensible para los ciudadanos. 

Las redes sociales acostumbran a los ciudadanos a enterarse de lo que pasa en las entidades públicas cuando están conectados, pero que no necesariamente están pendiente de las entidades con la intención de saber lo que pasa ahí, aun así las publicaciones pueden mostrarse en las actualizaciones y noticias, como una opción la pueden seleccionar permitiendo la comunicación directa con el ciudadano facilitando la participación y la colaboración, se convierten en testigos de la transparencia. Sin las redes sociales, los ciudadanos que se conectan esporádicamente podrían perder el interés de lo que ocurre en lo público y en la política virtual, saber y aplicar las herramientas que ofrecen las entidades que implementan el paradigma de Gobierno Abierto en las redes sociales.

Gobierno Abierto, Las políticas Públicas Sin Corrupción* 

En Colombia son conocidas las aplicaciones para denunciar huecos, deterioros en las vías El Hueco. Net y El Hueco Med. Los ciudadanos colaboran con la denuncia, pero no participan con conocer y entender la solución del problema, no informan sobre el presupuesto y quiénes son los responsables de la contratación de obras públicas como lo son las vías. Las aplicaciones hacen parte del paradigma de Gobierno Abierto, pero no incluyen la participación y la transparencia, rendiciones de cuentas de las entidades como secretarias de infraestructura, entre otras dependencias que informen sobre el presupuesto que se invirtió y cómo fue el proceso de contratación hasta la implementación, todo lo anterior que lo incluyan las aplicaciones. Elefantes Blancos que es una aplicación similar, es una idea de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de las TICs. El Hueco Med, es de la Alcaldía de Medellín y Huecos.Net es una iniciativa privada sin ánimo de lucro en Bogotá y otras ciudades. Al igual que las aplicaciones que tienen en cuenta los daños viales como los huecos, Elefantes Blancos es únicamente la colaboración ciudadana, por lo tanto incluir la transparencia y la participación informaría sobre las obras abandonadas, obras públicas inconclusas o que no cumplen con un fin social para las que fueron construidas, quiénes fueron los contratistas y el dinero que se invirtió, incluir también como información adicional georreferenciada de cualquier otra obra pública con los mismos datos, incluso mientras es el proceso de adjudicación, contratación e implementación. 

Las aplicaciones con el paradigma de Gobierno Abierto, transparencia, colaboración y participación, involucrarían más a los ciudadanos con ejercer el control político, información adicional que se publica en las aplicaciones. El Incentivo que tendrían los ciudadanos como el beneficio sería, una gestión pública más transparente y conocen cuánto es el presupuesto de las vías por las que se están movilizando, si presentan algún deterioro, quiénes fueron los responsables de construirla, el presupuesto y los que hacen el mantenimiento, los contratistas y a qué dependencia, secretaría de la alcaldía corresponde, en el caso de la aplicación de los huecos. 

En Uruguay, Montevideo hay una iniciativa de Gobierno Abierto y gobierno en línea que se llama Por Mi Barrio, el propósito que tiene es que los ciudadanos denuncian el vandalismo, los desperfectos, los daños, el deterioro, los abandonos de lugares públicos desde dispositivos celulares y computadores conectados a internet. Igual que Elefantes Blancos y las aplicaciones de los huecos, no incluye ni la transparencia y la participación, los ciudadanos colaboran únicamente. Pero hace necesario que sean completas entendiendo lo que significa Gobierno Abierto como un paradigma. 

Ampliar la información de las aplicaciones consiste en obtenerla y organizarla según los deterioros en las calles reportados y las obras públicas, incluidas las que se identifican y denominan “Elefantes Blancos”, entre otras. Las rendiciones de cuentas que publicarían, conociendo los deterioros de las vías, el costo de la construcción de las obras, lo qué cuesta el mantenimiento, quiénes son y fueron los contratistas. Las dependencias de los municipios, gobernaciones o del Estado central, permitirían hacer evaluación de resultados y mejorar futuros proyectos, calificar los que participan en nuevas licitaciones de contratación.

La coordinación entre secretarias de los municipios o distritos, con los departamentos que tienen funciones de formular e implementar proyectos de infraestructura y dotación de la ciudad. A nivel nacional con la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de las TICs, hacer aplicaciones para que la gestión pública cuente con más transparencia, colaboración y participación, depende también que los partidos y movimientos políticos, los consejos de planeación territorial, los grupos de presión como lo son los gremios, grupos de interés como los son sindicatos, asociaciones, juntas de acción comunal, comités cívicos, la academia… Se conviertan en sujetos activos y reactivos con el paradigma de Gobierno Abierto. Participar, colaborar y conocer sobre la transparencia. Como partes de la conformación del poder público y político, les permite hacer mejores elecciones y decisiones de los recursos públicos y alcanzar un fin social como lo es el desarrollo.

Acuerdos de Paz con Gobierno Abierto. 

Actualmente Colombia tiene un proceso de paz con dos organizaciones armadas, algunos las llaman guerrillas con una justificación histórica y política, otros afirman que son una delincuencia organizada que causó terrorismo. No es la única parte armada en el conflicto interno, también existen paramilitares con la misma connotación. Todos las partes en éste fenómeno de violencia han causado graves violaciones a los derechos humanos. Sin reflexionar si se debe o no negociar la justicia, la propiedad y la paz… Si un gobierno puede hacerlo o no, las guerrillas reclaman además cuando políticos tuvieron relación con los paramilitares. 

El Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el numeral 6.1.2 Medidas Para Incorporar la Implementación de los Acuerdos con Recursos Territoriales, responsabilizaba al gobierno y a una comisión de la implementación. Pero cómo habría sido el seguimiento y la verificación del acuerdo final que no se aprobó con un ‘plebiscito’. 

La contratación que necesitan para implementarlo con organizaciones sociales y comunitarias, hace énfasis en la transparencia para éste proceso, numeral 6.1.5, Sistema Integrado de Información y Medidas para la Transparencia y la Implementación. Los recursos que se invertirán de la cooperación internacional, organismos multilaterales, fondos que dispone el gobierno y el sector privado. Con la transparencia se presta atención a las medidas de reincorporación y la reparación material de las víctimas. Para el seguimiento con mapas interactivos, denuncias, estrategias de mitigación de riesgo de malas prácticas como clientelismo y corrupción, mecanismos de los órganos de control, asistencia técnica de las autoridades territoriales. Páginas Web con acceso abierto al público, con información de los proyectos: mencionan sobre los costos, el estado y el avance, la ubicación geográfica, rendiciones de cuentas periódicas, audiencias públicas. No mencionan de todos los niveles, dicen que de “diferentes” entidades de orden nacional y territorial. Información que se difundiría por los mass media, no mencionan las redes sociales. Según el Sistema Integrado de Información que propone con “telefonía móvil” garantizaría el acceso, con las Veedurías Ciudadanas y Observatorios de Transparencia, tendrían un plan de apoyo para la creación pero no decían cómo se conformarían. Se enfocan en las zonas donde se implementarán los acuerdos – parafraseando lo que dice el acuerdo que no se aprobó con el 'plebiscito' –, ideas que mencionan sobre el paradigma de Gobierno Abierto, sin que incluyan la colaboración y la participación ciudadana.

Con las FARC la negociación fue de varios temas con el gobierno, el congreso no fue el que propuso la idea de los diálogos, como tampoco se conocen iniciativas que en el pasado legislaron con la posibilidad de proponer desde las corporaciones un proceso de paz y que no fuera una propuesta de gobierno. 

La negociación transcurrió durante un tiempo con “fuego cruzado”, es decir se presentaron combates como otras prácticas propias de la guerra de guerrillas y de la guerra irregular. El proceso con la negociación logró el des – escalamiento, reduciendo la intensidad, hasta no presentarse bajas en combate ni muertes civiles aun después que una mayoría voto que no. Los puntos de la agenda fueron: reforma agraria integral, participación política, solución al problema de las drogas, sometimiento a la justicia, acuerdo definitivo sobre víctimas, fin del conflicto; la entrega de armas. 

Hacer una página Web que contenga los datos de las armas que existen en el país, principalmente las guerrillas, que los hagan públicos como parte de la negociación. Las guerrillas ya informaron de cuáles son los campos minados, pero además tienen armas de largo y corto alcance, además pueden tener arsenales o depósitos. El compromiso para lograr la paz, principalmente depende que las guerrillas dejen las armas y se destruyan, durante el proceso como una prueba de confianza que revelen datos relacionados. El Estado tiene la responsabilidad de mantener el monopolio de las armas. Los datos abiertos sobre armas permitirán evaluar al momento de la entrega, que era un punto de la negociación y puede ser también de posibles negociaciones, cuántas armas entregaron, cuántas se destruyeron, cuántas tiene el Estado, cuántas armas tienen las empresas de vigilancia, particulares y calcular cuántas tiene la delincuencia organizada. 

La georreferenciación es un proceso complejo pero necesario que involucraría no únicamente al Estado que tiene el monopolio de las armas, los fabricantes elaborarían sus productos con un dispositivo como lo puede ser una tarjeta SIM o con un faro satelital, para la ubicación y saber la información correspondiente de propiedad. La desactivación de dicho dispositivo que estaría incorporado alertaría, se podría conocer como dato abierto cuántas armas hay, incluso mediría el uso que tienen, armas largas, cortas, medianas, livianas y pesadas. Adaptar dicho dispositivo a las armas existentes apremiaría la investigación. Según los uniformes pixelados a diferencia del camuflado en forma de hojas, permite que distintos lentes ópticos puedan identificar a distancia, los pixeles no tienen la misma forma geométrica que la vegetación por eso se reconocen. Tecnología para la búsqueda de la paz y que evite la confrontación armada, se puede implementar desde el paradigma de Gobierno Abierto, pero las instituciones militares cuentan con legislaciones para mantener los secretos de Estado, algo que en la práctica se restringe por motivos de ‘seguridad’, en este caso la transparencia, la participación y la colaboración. 

Algunos Antecedentes

La necesidad que los ciudadanos tuvieran acceso a la información pública es como se explica el origen del paradigma de Gobierno Abierto. En Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, desde 1956 entre los partidos empezaron a debatir la posibilidad de leyes que establecieran el acceso pleno y abierto a la información que consideraban como pública, para evitar privarla como derecho, el principal propósito, impedir el abuso de poder, suponía que la información restringida, causa que unos pocos que la tienen decidan sin considerar la participación y la colaboración de los demás. Legislando la primera ley que se conoce sobre libre acceso a la información pública, Freedom of Information Act (FOIA). Promulgada en la década de los 60’s en Estados Unidos. En el 2009 el presidente Barack Obama manifiesta el Memorandum on Transparency and Open Government que resalta al uso de la tecnología para que sea útil con el propósito de promover la apertura de datos, es el máximo postulado y quien define y propone el paradigma de Gobierno Abierto con la transparencia, la participación y la colaboración. 

En Inglaterra a finales de la década de los 70s, se cuenta que los antecedentes de Gobierno Abierto, tuvieron como propósito “abrir y mantener las ventanas del sector público” que redujera, según como interpretaban "la opacidad de la burocracia" estando más al alcance de los ciudadanos para que así tuvieran la capacidad y facultad como lo exige una democracia plena que causa un gobierno más responsable por lo que hace, las omisiones y para evaluar las decisiones. 

El Gobierno Abierto en el Orden Jurídico Colombiano. 

La correlación entre los intereses del ciudadano y el Estado, como muchos lo han afirmado, se institucionalizan con la expedición de leyes y constituciones que garantizan derechos, obligando que se cumplan, por ejemplo con la participación y la representación política, Artículo 40 “todo ciudadano tiene el derecho de participar en la conformación y el control del poder político…” El numeral 5 “tener iniciativas en las corporaciones públicas” que sería la participación más directa que puede tener un ciudadano pero como protagonista de la iniciativa, más que firmando y votando por un referendo o en el caso distinto de un plebiscito. Por otra parte – como ya se había mencionado – la constitución faculta para que todo ciudadano interponga una Acción de Tutela artículo 86, exigir el cumplimiento de la ley a todas las entidades del Estado artículo 87, Acciones de Cumplimiento. Las Acciones Populares son definidas por la constitución para reclamar y mantener la integridad del orden público, así como la garantía de los derechos fundamentales, grupales y colectivos cuando son omitidos por las autoridades públicas, artículo 88. Mecanismos de justicia que junto con el paradigma de Gobierno Abierto se complementan, comprometiendo a los funcionarios públicos y al Estado.

Desde la promulgación de la constitución en 1991, Colombia cuenta con instancias de participación que se conocen como los Consejos Territoriales de Planeación en los que diferentes sectores de la sociedad están ahí representados, tienen como propósito la participación ciudadana para que diagnostiquen y propongan en la formulación de las políticas de alcaldías y las gobernaciones, en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial municipales y distritales. Ambos cuentan con Consejos Territoriales de Planeación independientes, manteniendo constantemente la comunicación y la interlocución con los sectores sociales que representan. Artículo 340, Constitución Política de Colombia de 1991.  Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997 que abordan el tema de la participación, pero que no es directa, es por interlocución de los representantes de los Consejos de Planeación Territorial.

Por otra parte la Ley 1757 del 2015 es la ampliación y actualización de la Ley 134 de 1994, para la promoción y la protección del derecho a la participación democrática que regula las formas tradicionales de participación política como la iniciativa popular, referendos, consultas populares, revocatoria del mandato, plebiscitos y cabildos abiertos, teniendo en cuenta normas fundamentales para regir la participación democrática de las organizaciones civiles. Pero es una ley que no incluye una definición amplia de participación y colaboración como sería una que tendría en cuenta el paradigma de Gobierno Abierto con el uso de tecnología, con gobierno en línea. 

La Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción, con el Decreto 2641 del 2012 se “fortalecen los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. El artículo 78 de la Ley 1474 del 2011, enuncia la “Democratización de la Administración Pública” que reforma el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, menciona que “todas las entidades y organismos (…) acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.” Convocar a audiencias, que todo plan de desarrollo y de gestión tengan programas para fortalecer la participación ciudadana, que se difundan y promuevan los derechos que tienen los ciudadanos con exigir el correcto funcionamiento de la administración pública como también serían con los Derechos de Petición artículo 23 de la constitución y la Ley 1755 del 2015 para solicitar información. La Ley 1474 del 2011, Permite y incentiva “las asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos”, además apoyar los mecanismos de control que se establezcan para la transparencia en la función administrativa. La ley enfatiza en que las entidades deben de manera permanente rendir cuentas según los lineamientos metodológicos que formula una comisión interinstitucional que crea el CONPES 36 del 2010. Ley 1474 del 2011, con el Decreto 2641 del 2012 y el CONPES que combina la participación y la rendición de cuentas. La Secretaría de Transparencia de la República de Colombia hace parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de acuerdo con el Decreto 1649 del 2014 que explica las funciones que tiene.  

Todo servidor público según el artículo 122 de la constitución, antes de posesionarse en el cargo y en el momento de retirarse, por solicitud de una autoridad competente deberá declarar con juramento la suma y el monto de bienes y rentas, la Ley 190 de 1995 incluye que tal información se actualizará cada año, el Decreto 2223 de 1995, la actualización se debe presentar el último día del mes de febrero. Artículo de la constitución y leyes que corresponderían con el paradigma de Gobierno Abierto, con la Transparencia 

Los Derechos de Petición, artículo 23 de la constitución con la Ley 1755 del 2015, los ciudadanos pueden solicitar información y que debe ser atendida bajo unas condiciones. Por otra parte como complemento hay una Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 1712 del 2014. En el orden jurídico la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional es con la Ley 1778 del 2016. 

En Colombia no existe por el momento una ley o un artículo constitucional que incluya el paradigma de Gobierno Abierto en el orden jurídico explícitamente como se entiende y se analizó, hay leyes que permiten interpretarlo y tener una idea de cómo se ha institucionalizado. 

Los Estados miembros de la OEA, adoptaron la Convención Interamericana Contra la Corrupción que entró en vigencia en marzo del 1997. La Ley 970 del 2005 en Colombia aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que fue adoptada antes por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre del 2003. La Carta Democrática Interamericana del 2001, artículo 1 menciona que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. El artículo 4 de la carta afirma que, “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Alianza Para el Gobierno Abierto 

Open Government Partnership, como se conoce en inglés, es una iniciativa de varios países entre los que está Colombia, se proponen hacer más abierta la gestión pública. 64 Estados han elaborado más 1000 compromisos que se comparten y también generan un foro en el que se están proponiendo nuevas estrategias para la implementación del Gobierno Abierto. La membresía es con la elaboración de un plan de acción para que el gobierno y el Estado cuenten con más apertura democrática, membresía que depende de una aprobación por los miembros de la alianza, debe cumplir con aspectos mínimos el Estado y el gobierno para pertenecer. Los compromisos son planes de acción que cada país elabora y tienen estrategias, en el caso de Colombia se caracterizan por resaltar prácticas de “Buen Gobierno”. Eficacia, eficiencia, transparencia y esquemas efectivos para las rendiciones de cuentas. La legislación y el orden jurídico que tiene recientemente Colombia de Gobierno Abierto es el resultado de los compromisos adquiridos con la alianza y el intercambio de experiencias con otros países. 

Los planes de acción, las estrategias se orientan para alcanzar más gobierno en línea, seguimiento de metas de Gobierno Abierto y de las políticas públicas que incluyen el paradigma, rendiciones de cuentas, acceso a la información pública, control social, auditorias públicas, lucha contra la corrupción, secretarías de transparencia, comisiones ciudadanas, mecanismos de participación y control ciudadano, eliminación de trámites y facilitar otros. Las cambios que contienen los planes de acción están relacionados con el paradigma, la transparencia de las decisiones, todo lo que hacen los gobiernos debe ser abierto, completo, oportuno, gratuito y comprensible, con acceso para todo público, que se involucre la ciudadanía con el debate público, las rendiciones de cuentas que estén reguladas bajo legislaciones que comprometan a las entidades y los funcionarios públicos. Teniendo como principal uso las TICs, y con innovación creado nuevas posibilidades de transparencia, participación y colaboración. 

La alianza hace anualmente un documento que traducen como Mecanismo de Revisión Independiente (IRM. Independent Reporting Mechanism). Tienen en cuenta el progreso en los planes de acción de cada país que pertenece a la alianza, contiene recomendaciones técnicas y un diagnóstico de cómo está cada Estado y gobierno. El reporte promueve el diálogo, la responsabilidad y conocer las experiencias de cada país, comunicándose a los ciudadanos. El compromiso es que los países rindan cuentas de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos en los planes de acción que presentan a la alianza. El reporte está a cargo de un comité directivo que se divide en subcomités, cuenta con unidades de apoyo, involucran a los gobiernos participantes y actores de la sociedad civil interesados. Los evaluadores que hacen los reportes, se procura que estén aislados de conflictos de intereses.

Colombia ha presentado dos planes de acción. Con los Planes de Acción que presentó en la alianza se logró la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 del 2014 que se reglamentó con el Decreto 103 del 2015. Con el CONPES 167 del 2013 se hace la Política Pública Integral Anticorrupción. Se crea el portal Transparencia Económica, la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, el Comando Anticorrupción que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, el Indice de Gobierno Abierto. Creó el portal Web Colombia Compra Eficiente donde hacen públicas las licitaciones y las contrataciones. 

La Alianza para el Gobierno Abierto, el Memorandum on Transparency and Open Governmen del 2009, otro de los antecedentes de fundación,  fue un discurso que pronunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre del 2010, en el que según afirmó que para el progreso humano, lo más importante son las economías, la sociedad y los gobiernos abiertos…TypeWriter12.

*Gobierno Abierto, Las políticas públicas sin corrupción(Click para consultar documento)

viernes, 14 de octubre de 2016

La paz negociada en el régimen colombiano

Los procesos de independencia en muchos países, como el caso de Colombia terminaron con pactos que fundaron un Estado y reconocieron una nacionalidad. Son procesos democráticos cuando tienen una amplia participación y lograron así legitimidad, la estabilidad del régimen que fundó un Estado republicano.

Los procesos de paz a diferencia de los procesos de independencia no refundan un Estado, pueden ser pactos de élites, aunque pueden reformarlo y cambiarlo, la institucionalidad política continúa con los mismos soberanos pero con las vicisitudes políticas propias del talante del régimen, ‘la coalición estable de poder’ según la forma de gobierno y el tipo de Estado, consecuencia de pactos, reacomodo de las fuerzas con poder político de decisión, como son los miembros de los partidos que hacen pactos o acuerdos, entre otras reformas para conciliar y acordar con los que luchan por el poder con las armas, en este caso con la dejación y que tienen además un discurso político y social que reivindica, son reconocidos como actores políticos y por eso les conceden la oportunidad de dialogar.

La comparación de un proceso de paz con un proceso de independencia como el que tuvo un país como Colombia es una síntesis para identificar cómo son los cambios institucionales desde el inicio de la república con el fin de lograr la estabilidad en el sistema político con la participación democrática sin armas y violencia, la demostración que una negociación desde cualquier perspectiva busca la estabilidad del régimen y un reacomodo de las fuerzas políticas para hacer parte del ‘tablero de decisiones’, como parte del proceso de formación del Estado Social de Derecho que es hoy. 

En Colombia el proceso de independencia, la terminación no fue únicamente con la expulsión de la corona española. El acta de independencia 1810, así como todas las constituciones que ha tenido el país, fueron documentos redactados por próceres y después de la conformación de los partidos políticos, la segunda mitad del siglo XIX, incluida la constitución de 1886 y la reforma constitucional de 1910, tuvieron como participación única y destacada a Liberales y Conservadores, antes denominados como Federalistas y Centralistas… Que desde la independencia se enfrentaron con las armas, escaramuzas que interpretadas como un fenómeno de violencia política fueron ensayos y errores que no lograron la estabilidad del régimen y un sistema político de una república inicial que se sustenta, con la imitación de las ideas de la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. 

La Guerra de los Mil Días, la época de la violencia, el surgimiento de las guerrillas, el Frente Nacional, la Constituyente de 1991, son narrativas propias de un país como Colombia durante el siglo XX, que entendidas políticamente se identifica un bipartidismo incluido en el orden constitucional y en los procesos políticos .

La violencia en siglo XX, en perspectiva bipartidista, con el plebiscito de 1957 se podría afirmar que el Frente Nacional excluyó a otras opciones políticas organizadas que no pertenecían a los partidos históricos, tampoco representaron a muchos que además durante la “Guerra Fría”, las guerrillas y su convicción revolucionaria, que en principio se reconocieron como Liberales, fue una amenaza para el orden que gobernaban ambos partidos históricos, un intento para imponer con las armas la dictadura del campesinado, así como la hegemonía conservadora cuando estuvieron en el poder antes de la segunda mitad del siglo XX y en algunos periodos fue persecución contra los Liberales.

El café, como en otros tiempos pudo ser la quina y el caucho, sus mayores rentas dependen de las exportaciones y los precios internacionales de los mercados donde se cotiza. La emergente e incipiente industria, la explotación petrolera, la burocracia, los maestros y estudiantes… La organización sindical cambió la dinámica con la que el bipartidismo gobernaba, a pesar que el país mantiene durante la segunda década del siglo XXI una alta concentración de la riqueza. 

El Estado Social de Derecho se volvió parte de la institucionalidad política y la posibilidad de nuevos partidos, movimientos, el establecimiento de la oposición definieron lo que después sería de la Constitución Política de 1991, proceso político que comenzó con la elección democrática de alcaldes en 1986, la reforma al sistema de partidos 2003 y 2009, incluyendo la derogación de la reelección presidencial y en el 2015 con el Estatuto de la Oposición, la reforma que permite que un candidato en una elección y circunscripción uninominal alcaldía, gobernación y presidencia que pierde pueda ocupar una curul en la circunscripción plurinominal, concejo, asamblea departamental y congreso respectivamente después del 2018. 

La independencia y la soberanía que tiene el Estado comenzaron con hechos formales como lo fue el acta de independencia de 1810 y las constituciones que ha tenido el país. El orden jurídico y legal que reconoce los procesos políticos como vigentes y duraderos, es porque quedan escritos y obligan con compromisos entre las partes que los firman y los ejecutan. Interpretando a Kelsen las constituciones como máxima expresión legal de un Estado muestran el sentido constitucional que tienen las instituciones y garantizan a los soberanos principios fundamentales como la democracia, la libertad y el orden. 

Un acuerdo político que busca la paz en Colombia en el 2016, se pensó para que esté inscrito en el orden legal y para eso la constitución como otras leyes que se legislaron tienen mecanismos para que así sea. Cómo una voluntad política se convierte en un hecho jurídico en el orden legal más allá que se considere como parte del Bloque de Constitucionalidad. 

El acuerdo fue una iniciativa del gobierno presidencial de Juan Manuel Santos con el apoyo de diferentes partidos, principalmente la cohesión Unidad Nacional junto con la izquierda que hacen parte del poder legislativo, la oposición en el legislativo estuvo protagonizada por el partido Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado la corte constitucional revisó y aprobó la refrendación del acuerdo con la organización armada que está fuera del sistema político y tiene un discurso que se autodenomina FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), con el propósito que se desarme y se conviertan sus reivindicaciones en el programa de una organización política legal, así puedan tener la posibilidad de participar en la democracia del Estado colombiano. Para ser implementado el acuerdo se sometería a ‘refrendación’, la ciudadanía lo rechazó con poca diferencia votando No, se estimó que el total del censo electoral 64% se abstuvo y la participación fue del 36%, el No fue en total 50,2% y los que votaron Sí fue del 49,0%. Con un mecanismo de participación que se definió como ‘plebiscito’ propuesto por el presidente y la mesa de negociación del gobierno, legislado en el congreso por el Senado y la Cámara de Representantes que concedió un umbral de aprobación atípico del 13% para este mecanismo que fue ajustado y propio de los acuerdos alcanzados, mecanismo de participación declarado exequible por la Corte Constitucional, un mecanismo especial con el que se pretendió la legitimidad legal con la participación del constituyente primario, los soberanos, ciudadanos con derechos políticos. 

El acuerdo con la implementación que no fue aprobada, el consenso se podría entender después, para la búsqueda de la paz como la nueva forma del régimen por la división que existió en el país y es histórica, grupos armados con un discurso político se conviertan en participes y muchos de sus miembros después de pasar por un proceso de Justicia Transicional, que puede ser lo más justo, puedan conformar el poder político. Se afirma que la justificación armada y la lucha por el poder antes, es una consecuencia propia de la formación del Estado colombiano con procesos políticos específicos durante el siglo XX como lo fue el Frente Nacional y la Unión República en 1910. 

El régimen político que se estableció desde 1957 con la reforma política de 1968 que le dio continuidad al bipartidismo de mantenerse en el poder con alternancia hasta 1978, y la última constituyente de 1991, a excepción de los dos periodos presidenciales conformados por Alfonso López Michelsen y César Turbay Ayala ambos del partido Liberal, 1974 – 1982. En la última década del siglo XX, fueron dos periodos de presidentes Liberales y uno Conservador. A comienzo del siglo XXI Álvaro Uribe Vélez, después el surgimiento durante esta década de partidos de izquierda como lo es el Polo Democrático entre otros partidos que han surgido con la reforma política del 2003 y 2009, con la lista única de partidos, la posibilidad de voto preferente para circunscripciones plurinominales, la cifra repartidora y el Umbral Electoral para obtener personería jurídica. 

La representación política del régimen Colombiano como resultado de los procesos políticos desde antes de la Constituyente de 1991, cuando se incluye el Estatuto de la Oposición garantiza que las diferentes opciones políticas debatan manteniendo la contrariedad de algún proyecto de ley que se esté legislando y se oponen, también el proyecto político que estén formulando e implementando el gobierno. Con la reforma política del 2003 y el ajuste de la reforma del 2009, se pensó para que los partidos que lograran el umbral representen todos los sectores sociales, sistema político que configura una mayor exigencia a los partidos, como privilegia e incentiva la conformación de mayorías con la cifra repartidora. El número de curules en el Congreso se puede aumentar más, pero todos tienen derecho de participar incluido los que firman el acuerdo y competir con las mismas posibilidades de obtener curules en las elecciones del Congreso como los demás partidos. 

El Umbral Electoral evita que se originen partidos con poca representatividad y mínima legitimidad en el sistema político, pero que disciplina mucho más a los partidos que obtienen personería jurídica, evita la fragmentación y la atomización del sistema, la saturación de la agenda legislativa, y eso lo pueden demostrar los partidos existentes que conforman el congreso después de la reforma, por ejemplo. 

"La proliferación indiscriminada de partidos y movimientos ha sido perniciosa para la democracia colombiana. La exigencia de umbrales mínimos en procesos electorales para mantener la personería jurídica ha contribuido a contener este fenómeno, exigiendo compromisos de resultados electorales para validar el acceso a recursos públicos y otorgar avales. De conformidad con el punto 2.3.1.1 se quiere desligar la obtención y conservación de personería jurídica con la obtención de un umbral en las elecciones de Congreso, abriendo el espacio para el fortalecimiento de las microempresas electorales que tanto daño hicieron al país". Álvaro Uribe Vélez, Bases de Un Acuerdo Nacional de Paz. 

El conflicto armado en Colombia desde un análisis no causal, se entiende en este sentido y teniendo como únicos referentes para este caso, cuando inició la ‘Seguridad Democrática’ propuesta política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, incluida la Cohesión Social, la Confianza Inversionista que mencionaba, y la negociación que propone Juan Manuel Santos con las FARC y el ELN. El gobierno como parte legitima del Estado, estableció una negociación y concede con alcances un reconocimiento político del discurso con el que justifican la confrontación y la lucha armada por el poder. Desde un análisis causal entonces, el discurso histórico del gobierno y las organizaciones armadas como las FARC y el ELN entre otras, sería lo que definiría el conflicto armado, los problemas como las soluciones que se han propuesto incluidas la represión y el ajusticiamiento, por otra parte grupos armados denominados paramilitares. 

La confrontación armada o una negociación política que compromete a los involucrados en el orden constitucional y legal en el país. En dos contextos distintos, la ‘micropolítica’ y los lugares donde otros actores armados y algunos que mantienen desde antes un discurso también político se disputan el dominio territorial incluida la población y los recursos que ahí hay, que el Estado por orden del gobierno y lo jurídico enfrenta. Por otro lado la ‘macropolítica’ como los acuerdos que negocia el gobierno y donde partidos en la legislatura con los magistrados en la corte deciden junto con el poder constituyente primario que son los ciudadanos, hacen parte entre todos de la solución ‘macropolítica’. Es lo que supone que resolverá las cuestiones ‘micropolíticas’ para así evitar el enfrentamiento y que grupos armados que se organizan allí dejen de luchar con las armas por el poder ‘macropolítico’. 

El compromiso es evidente con hacer y buscar la implementación de los acuerdos, los que votaron para que no se implementara el compromiso acordado, la sociedad les exige políticamente responder lo que requiere el conflicto armado. En lo jurídico para que tengan legitimidad legal son en lo abstracto una ‘imagen objetiva y positiva del Derecho’ entendiéndose como lo más justo desde una perspectiva de confrontarlos con las armas o implementar una ‘Justicia Transicional Especial’ y propia de una situación que tiene el conflicto armado colombiano y que es definido por los que participan en la elaboración de los acuerdos, incluso en la aprobación y desaprobación soberana de la búsqueda de la paz. 

La confrontación armada y el orden constitucional son dos ambivalencias, para unos la reclamación del poder para así superar la condición de desigualdad desde una perspectiva como lo es la ideología comunista o socialista, la lucha por el poder es con el fin de tener a su favor el Estado y gobernar para su representación que durante un periodo histórico fueron injustamente excluidos del sistema político y reprimidos también por la confrontación armada, la combinación de todas las formas de lucha, incluyendo los delitos y penas que significan de Lesa Humanidad. En esta ambivalencia, por otro lado el orden constitucional intenta garantizar unos derechos como hito histórico desde 1991 y unos cambios significativos en el sistema político. El orden constitucional es un factor de integración y la confrontación armada una lucha por el poder en este caso violenta, interpretación de cómo define en otros términos qué es la política Maurice Duverger con los conceptos de integración y lucha por el poder. 

La lucha por el poder en este sentido se interpreta como la posibilidad de detentarlo, pero antes obtenerlo con las armas, con un régimen dictatorial que suspende las libertades ‘por el bien de la revolución’, prohibir la libertad de empresa, además que no existan otros partidos, siendo único el que gobierna la revolución que logró el poder con las armas. Pero desde un orden constitucional republicano y un Estado de Derecho, es la posibilidad de buscar la justicia desde la libertad, el orden y la democracia, por lo tanto dialogando políticamente para que sus exigencias se tengan en cuenta. 

El problema de un Estado integro es que las armas no constituyen un poder legal si no son monopolio del Estado porque restringe la libertad como impone por otros medios no legales hechos que debieron ser el resultado de procesos democráticos. Aunque la lucha armada por el poder puede entenderse incluso como la exigencia de derechos, el pretender gobernar y someter a una clase que consideran oligarquía, la que conforma el régimen al que no pertenecen, es una lucha entonces de sometimiento, pero no democrática, más aún violenta. En el caso económico lo determinante es que si a mayor representación en el sistema político, la distribución de bienes y servicios que se clasifican como derechos económicos y sociales, las posibilidades de focalizar presupuestos incluyendo la organización político administrativa, las posibilidades de superar una condición de pobreza que reclaman, así como gobernar el territorio no desde un poder central. Serían en este caso cambios que transformarían los antagonismos, los de la representación y participación política que en Colombia empezaron desde la Constitución Política de 1991. 

La experiencia histórica de las luchas guerrilleras en Colombia demuestran que, tienen como fin la conquista del poder con las armas y por medios ilícitos como lo pueden ser la financiación, cómo obtienen los recursos para subsistir y mantenerse como organización. Por otro lado un poder legal y constitucional que puede reprimirlos o considerar una opción de diálogo que tiene en cuenta sus reivindicaciones, además el deseo de poder incluyéndolos en la conformación, hasta exceptuando ‘reglas de juego’ como lo son el Umbral Electoral. Sin participación directa en las cortes de la justicia establecidas o en el ejecutivo, en algún ministerio, que no exigieron. Teniendo en cuenta como son los acuerdos firmados por las FARC y el gobierno colombiano con el tema político en el 2016, 10 curules en el congreso por dos periodos y las Circunscripciones Especiales para Paz con 16 curules en Cámara de Representantes por 8 años, no únicamente miembros de las FARC que pasaron por la Justicia Transicional se pueden postular en las zonas donde mayor intensidad tuvo el conflicto armado a partir del 2018. Hacer parte con un magistrado en el Consejo Nacional Electoral, proponían también que no tendrá voto pero si voz y podrá deliberar como delegado. Se afirmaría que sin las exigencias propias de cómo se configuró el sistema electoral y político con las últimas reformas 2003 y 2009, las ‘reglas de juego’ cambiadas para ellos como lo es el Umbral Electoral, mantienen las características de un régimen democrático pero se hacen excepciones en el sistema político y electoral por la necesidad que dejen las armas y su discurso político lo debatan. 

Proponen que el Umbral Electoral, la personería jurídica de los partidos no sea con el número de votos suficiente que obtienen en elecciones, pero que sería obtenida con el número de afiliados. En elecciones si los afiliados votan sería lo mismo, a menos que se comporten como abstencionistas. No se están refiriendo a un partido en particular, aunque las únicas organizaciones que mencionan son Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, el nuevo partido que quieren ser, tendría ese beneficio incluso, todos los demás y los que surjan. Adicional exigen financiación, la divulgación de programas de todo partido nuevo y movimiento que “irrumpan” en elecciones. No piensan en la posibilidad de alianzas y cohesión con los partidos existentes que tengan una afinidad ideológica, tampoco fueron protagonistas de los acuerdos. 

El sistema político colombiano se reformó porque desde 1991 la posibilidad de conformar o crear un nuevo partido no requería de un umbral y cada elección aparecían nuevos partidos, la cantidad de partidos electos con muchas listas era saturar la agenda legislativa y hacen imposible coordinar temas prioritarios, reducían la posibilidad de participación de minorías. El sistema después del 2003 y 2009 se organiza para que todas las opciones políticas puedan ser representadas y participar, en el caso de las iglesias cristianas en cada uno de los partidos pueden existir porcentajes en las corporaciones públicas donde ahí están representados como miembros de un partido, lo mismo puede pasar si ellos en lugar de fomentar nuevos movimientos, se vuelven parte de uno y así se adapten mejor al sistema como está, participen en consultas internas y lideren en el interior de un partido con personería jurídica como lo es el Polo Democrático, sería una orientación programática en el interior con otras cohesiones de izquierda, Unión Patriótica. Se habla aproximadamente de 17.500 miembros armados de las FARC, si se desmovilizan, se desarman y se someten a la Justicia Transicional, después. El Umbral Electoral en las elecciones para el congreso del 2014 fue de 350.000, 3% de los votos del Censo Electoral como mínimo para obtener y mantener la personería jurídica, el Polo Democrático obtuvo 541.000. Las FARC como organización política tienen más esperanza que su programa lo gestionen otros partidos, que pacten alianzas y los acepten, en caso que no cambiaran las ‘reglas de juego’, que se mantengan como están. 

El segundo título del Acuerdo después del tema agrario, Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz, supone que no es un país democrático antes y a causa de la exclusión desde el Frente Nacional, pero con los cambios de la Constitución Política de 1991 se estaría hablando también de “apertura democrática”. Aunque no es explícito, el Estatuto de Garantías para el Ejercicio de la Oposición Política alude a dos organizaciones Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos. Exigen seguridad que es mantener la justificación armada desde la protección personal y no para luchar contra el poder, además enfrentar cualquier amenaza en su contra, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. La paz estable y duradera en el tema de la participación, la protección es un requisito que creen conveniente, pero la paz supone la ausencia de violencia, cualquier atentando sería contra la democracia y quienes participan en el sistema, evitar que sufran o sean víctimas, la seguridad ofrecida por el Estado mientras se necesite, continuaría un fenómeno de violencia armada latente porque existiría una posible amenaza contra los que participan y se desmovilizan, contra los que se desarman y que antes atentaban contra la democracia, amenazas que continuarían y se mantienen aún con la firma del acuerdo, a menos que logren neutralizar del todo y eviten que se reproduzca la amenaza que definen. 

Proponen un Consejo Nacional de Participación que presentará un proyecto de ley que garantice y promocione la participación, sin mencionar idea alguna de la Ley 1757 de 2015 que al respecto es una ley que tiene entre otras esas disposiciones. Según el consejo después de los 60 días de la firma elaborará un proyecto con los cambios que ellos piensan se deben hacer. El Consejo Nacional de Participación que es aparte de la Misión de Observación, hará un diagnóstico del Consejo Nacional Electoral y propondrá después una reforma a dicha entidad. 

Mencionan que se debe hacer planeación democrática y participativa en las Juntas Administradoras Locales, en los Planes de Desarrollo con los Consejos Territoriales de Planeación, entes que corresponden a los municipios y departamentos. No mencionan nada respecto de cómo se debe administrar y gobernar el territorio donde están las Circunscripciones Especiales para la Paz con las 16 curules que exigen para la Cámara de Representantes. 

Desconfían de la democracia y por lo tanto se debe promocionar la transparencia electoral. Denuncias, auditorías técnicas al censo electoral para evitar cualquier fraude que se pueda presentar en elecciones. 

El Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, inicia con la Reforma Rural Integral que fue una exigencia como otras que contiene el último texto de la negociación. El acuerdo final plantea cómo sería la implementación, el primer asunto la tierra y las zonas rurales. Sin que se muestre como algo obvio, no incluyen temas urbanos, entonces los lugares de mayor intensidad donde se presentó el conflicto armado tienen más interés que alguna ciudad o asentamiento aunque en muchos ocurrieron ataques, lugares comunes y públicos como estaciones de policía y alcaldías, además el secuestro y extorsión de la población civil, no exigen estar en asambleas departamentales y concejos municipales, pero sí en el congreso. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que mencionan son para transformar la estructura del campo pero que se comprende desde la legislación nacional, reformas y leyes. El ámbito rural no es tenido en cuenta desde la división territorial en el sentido constitucional y la comprensión de la estructura del campo, cómo sería la gestión gubernamental desde lo departamental y municipal. 

Definen que una cuestión no resuelta que motiva la lucha armada es la propiedad de la tierra y la concentración, la exigencia de la redistribución es porque el campesinado que representan está excluido de las decisiones, lo que mantiene el atraso de las comunidades y que por lo tanto, parafraseando, como consecuencia afecta a los que viven ahí. La palabra mujer simboliza que como parte del problema es la falta de participación y el predominio en las decisiones de los hombres en la cuestión agraria que significa democratizar la propiedad, el acceso y tenencia, interpretando los acuerdos sobre el tema. La formalización legal de quienes tienen derechos de trabajar, vivir y poseer la tierra agrícola y rural, según el acuerdo es específico para la producción de alimentos. 

Las Zonas de Reservan Campesina, Ley 160 de 1994 con el enfoque de desarrollo territorial sería un modelo a seguir y que agruparía a pequeños, medianos productores, además las necesidades técnicas, de investigación, infraestructura y tecnologías que se invertirían. La producción de alimentos, principal actividad que mencionan y que se entendería como una reivindicación en la que quieren trabajar. El Fondo de Tierras, 3 millones de hectáreas, la Formalización masiva de la propiedad Rural, durante 10 años la implementación de la reforma que proponen y que fue parte de las exigencias de la negociación, la primera, 10 millones de hectáreas con un propósito que puede ser rentable para la producción de alimentos. 

Una reforma tributaria en diez años agravaría los valores agregados o las rentas como resultado de lo que se implementó y se calcula que será, para que se pague la inversión pública, sin mencionarse en los acuerdos algo al respecto, todo depende de la rentabilidad de producir alimentos, pero estudios de mercado no mencionan, cómo está y será la demanda. El subsidio integral de compra de tierras beneficiadas, es pagado por el Estado y que compromete al gobierno, según el acuerdo en el tema de la reforma rural. La protección social a los trabajadores agrícolas (vejez, maternidad y riegos laborales) que también debieron incluir la salud, es una condición que se paga con las impuestos que recauda el Estado y redistribuye, que se obtiene de los ingresos del trabajo formal, garantía que se cumple no únicamente como derecho que se le exige al Estado, depende de que el trabajo obtenga los suficientes ingresos para pagar los servicios, como pueden ser los de la seguridad social o protección social. 

Los poseedores de “buena fe” y la concentración de tierra, es cómo se coordinan para que las ganancias de unos no mantengan en condiciones de pobreza y lucha por el poder de otros que los enfrentan de una misma forma violenta. Pensar en rentabilidad y en igualdad de condiciones es la posibilidad de pensar en proyectos en común, pero depende que las ganancias se puedan repartir, cómo se remunera el trabajo justo y se tributan las rentas del capital incluida la tierra. 

El numeral 1.3.4 dicen que para “garantizar el derecho a la alimentación”, que es una obligación que suponen debe ser del Estado, “sana, nutritiva y culturalmente apropiada”, reclaman que se “pondrá en marcha un sistema especial” pero únicamente para la población rural sin referirse a lo urbano donde están los mercados de mayor consumo. Establecen un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición que parece más imponer una economía planificada de producción de alimentos, omitiendo las dinámicas propias del libre mercado como las posibilidades de ser parte con información. Según sería un consejo que integrarían autoridades nacionales, que se eligen como consejeros departamentales y municipales, sin decir cómo sería el mecanismo que selecciona, son los que definen la política alimentaria. No tienen en cuenta a la ‘Confederación Colombiana de Consumidores’ con su programa el ‘Boletín del Consumidor’ y ‘Tal cual’ explicando la pedagogía de los acuerdos en el tema agrario, cómo se forman los precios en los mercados de alimentos y cuánto se demanda, además tampoco mencionan gremios como Fedepapa, Fedearroz, Fedegán entre otros que representan los intereses de la producción de alimentos. 

Las Economías Sociales del Común, Ecomún se pueden entender como una cooperativa que funciona para los desmovilizados y reinsertados de las FARC, los Programas y Proyectos Productivos Sostenibles dependerán de la suma de 8 millones de pesos que únicamente por una vez recibirán y serán aprobados por el Consejo Nacional de la Reincorporación. Es voluntaria la afiliación, no es obligatoria, aparte de un subsidió que recibirán por 24 meses, más 2 millones cuando terminan las zonas donde se desarman. No se calcula qué tan rentable será la actividad económica que invertirán, qué puede pasar después de recibido el dinero, los proyectos tienen como requisito que sean sostenibles pero, qué tan rentables pueden ser para que eviten involucrase con negocios ilegales otra vez. 

Mencionan proyectos colectivos, pero también individuales que pueden ser la vivienda. La vivienda se entiende como un patrimonio, un ahorro que se obtiene con los ingresos y que se adquiere como una deuda cuando se paga por cuotas, también se convierte en capacidad de préstamo como hipoteca. La vivienda en este sentido no es un proyecto productivo, a menos que el lugar donde viven tiene un negocio y funciona aparte de las habitaciones, ejemplo una tienda, carnicería, panadería... La vivienda como patrimonio se valoriza o desvaloriza según la demanda del mercado, los precios de la tierra y externalidades positivas como lo pueden ser la infraestructura de servicios con los que cuenta, la proximidad con lugares de interés en una ciudad y en caso de estar ubicada en una zona rural la conexión con vías. 

Ecomún no parece tener parecido con una Caja de Compensación Familiar, a pesar que no mencionan un ‘centro vacacional y comunitario’ para los reinsertados. – ‘Lo más comunista que puede ser un país se demuestra en sus Cajas de Compensación Familiar, lo que necesita, desea y se merece dignamente la clase trabajadora’-. 

El problema del narcotráfico se explica porque hay demanda, consumidores, producto elaborado por una clase social campesina y burgueses que como patrones administran el tráfico. Donde se produce es tan rentable que las otras opciones, las demás actividades económicas no generan las suficientes ganancias. Enfrentar el problema del narcotráfico con la captura y ajusticiamiento, entendido en lo penal como un delito este tipo de actividad económica, no se está enfrentando las causas, por más fumigaciones y erradicación a las plantaciones porque son prohibidas, las consecuencias se mantienen como la corrupción. Una posible solución sería que se produjera algo más rentable que el narcotráfico. La producción a gran escala, el desarrollo de actividades económicas que impliquen todos los sectores de la economía hace que el empleo formal determine una sociedad que participa y está representada en el orden constitucional, el derecho resuelve los conflictos pacíficamente, que sería una condición mejor que un fenómeno de violencia persistente que aumenta la desconfianza, la cultura de la ilegalidad como imperativo social por la obtención de riqueza sin mucho esfuerzo por el resultado de las bonanzas. 

Lo que se entiende por Justicia Transicional, es el restablecimiento del Estado de Derecho donde los ciudadanos vuelven a vivir con garantías constitucionales después de un periodo donde una corte de justicia transitoria juzga a quienes impidieron un Estado con un régimen que respete los derechos como son la libertad o la democracia. Restablecer una forma de gobierno garantista de derechos. La Justicia Prospectiva, parece ser un término nuevo que no era usual, pero es obvio que toda época anterior, todo tiempo es memoria que determina un presente y se forma según el perdón, la reconciliación y la reparación. La verdad es identificar los hechos propios de violencia que revelan lo qué pasó con las víctimas, conocer la intención y el propósito de las causas, de los hechos violentos de los victimarios que deben contar. La no repetición en este sentido es posible con la imposición de penas y la reparación después de esclarecerse lo qué pasó, conocerse a todos los implicados. 

El mayor cambio constitucional que ha tenido Colombia, para muchos es la constituyente de 1991 con el tema de los derechos, además los límites a los Estados de Excepción. Por eso si de haberse aprobado el plebiscito, el presidente tendría las facultades extraordinarias en un marco propio como lo es el Artículo 22 de la constitución para garantizar la paz. No podría proponer otros temas diferentes a lo que se acordó y tampoco abusar del poder, según la Corte Constitucional. Tramitar proyectos de ley en menos tiempo como se proponía, la dejación de armas así como la aplicación de la justicia que negociaron y acordaron, determinará la estabilidad de un país después de la negociación y evitará volver al fenómeno de violencia armada. La Justicia Transicional en este caso ‘especial’, la jurisdicción provisional, favorece la posibilidad de no repetición, pero en cuanto a lo penal, los indultos son para que puedan participar en política en el corto tiempo y tener los derechos de cualquier ciudadano, sin soslayar que mencionan que “ningún tipo de sanción son impedimento de participación política”, a excepción que no revelen la verdad de los hechos y no respondan con su palabra por crímenes de Lesa Humanidad. 

Es una obligación que desminen y que desarmen todo lo pudieron accionar, pues es parte de la prospección de no más armas con justificación política. Así como penas restaurativas con trabajo y en lugares específicos se podría entender como una restricción de la libertad con condiciones por lo que causaron. Los magistrados que ocuparan el tribunal, las FARC desconfían del sistema jurídico colombiano, además no se aplica del todo, excepto si no cumplen con someterse y esclarecer la verdad completa. En la reparación incluyen la Reforma Rural Integral con la restitución de tierras, las rentas que producirán no están calculadas una vez se aplique la Reforma Rural Integral, la FARC declaran todo lo que tienen y con lo que se podría reparar, también. El narcotráfico se interpreta como un delito conexo con el delito político como no lo menciona el Código Penal Colombiano título XVIII, sin que ahí en este título esté el tráfico de estupefacientes tipificado, sería un indulto en cuanto a esa pena, además cómo atentaron contra el régimen constitucional, no se está diciendo que sería amnistía porque no se negoció el Código Penal, este se mantiene igual que antes, durante y después de la Justicia Transicional Especial, que se negoció para superar el conflicto armado según como lo definen los implicados. 

Las amnistías se hacen necesarias cuando el régimen prohíbe una tendencia política, ejemplo el Estado y la función institucional en el orden jurídico tendría leyes que atentan contra un grupo de población, que tiene implicaciones penales o de detención por su afiliación partidista. Un partido político que es prohibido, la ley que puede capturar alguno de sus miembros, el restablecimiento de una democracia, la participación pluralista exige que una ley como la que se mencionó, como parte de un proceso de Justicia Transicional que transforma la institucionalidad del Estado con derechos y democracia, una amnistía en este caso acordarían los que negocian. Pero este no es el caso colombiano después de la constitución política de 1991. El indulto es en el caso del Código Penal, el delito político, las penas impuestas serán menores o perdonaran todo, manteniendo el Código y los artículos de la ley penal. 

Una de las principales razones de la negociación fue el tema de la justicia, por el poder armado, territorial y el dominio que ejercen, el gobierno con el interés de detener la violencia política que ha caracterizado la historia del país, tuvo como política pública un proceso de paz que no termina, y continuará siendo un deber, un mandato que con el monopolio de las armas o el diálogo, es un hito en los procesos políticos colombianos. El reacomodo de las fuerzas políticas que puede pasar, los partidos con las figuras destacadas debaten los alcances de la negociación que busca la paz para que no se afecte la estabilidad del sistema político, la coalición estable de poder mantenga el tablero de decisiones sin perderlo, que el régimen gobierna…TypeWriter12