C 295 Awacs Surveillance Mission
https://www.flickr.com/photos/90487950@N08/
“El idioma, antes línea de separación entre ambos grupos de población, es dominado cada vez más por el español del continente. Hoy se escucha raramente una conversación en Patois. Los diarios, traídos del continente, se llaman El Tiempo, La Nación, Hoy, Semana, etc. Y sólo uno, El Caracol, es armado por “amigos de las islas” con temas de interés sobre ellas. Los programas de televisión y radio provienen también del continente y, por consiguiente, son totalmente en español.”
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“El idioma, antes línea de separación entre ambos grupos de población, es dominado cada vez más por el español del continente. Hoy se escucha raramente una conversación en Patois. Los diarios, traídos del continente, se llaman El Tiempo, La Nación, Hoy, Semana, etc. Y sólo uno, El Caracol, es armado por “amigos de las islas” con temas de interés sobre ellas. Los programas de televisión y radio provienen también del continente y, por consiguiente, son totalmente en español.”
Libro Redes Caribe. San Andrés y Providencia y Las Isla Cayman Entre la Integración Económica Mundial y la Autonomía Cultural y Regional. Beate M. W. Ratter
En la recordada novela La Voragine de José Eustacio Rivera, escrita a comienzos del siglo XX, hay un acápite en el que Arturo Cova, protagonista de la novela, cuenta de la información que están recibiendo los gomeros o los caucheros del Putumayo, procedente de un diario o periódico que se editaba en Iquitos Perú. En dicha publicación se mencionan críticas dirigidas a los encargados del caucho, del trato a los trabajadores y la precaria situación en la que se encontraban, publicación que era prohibida y que quienes la habían leído sufrían las peores consecuencias. Las páginas de opinión al hacer mención de la situación en la que se encontraban trabajadores indígenas, permitió que muchos supieran que en el Perú, ofrecían mejores condiciones de empleo para la explotación del caucho, además causó que muchas cuadrillas de trabajadores se convirtieran en milicias ,que protegerían esos territorios usurpados por el Perú y fue la consecuencia de la guerra que tuvo Colombia con dicho país, por una frontera y territorios en los cuales no tenía control y en los que no había garantía de derechos civiles, ni ningún valor republicano que protegiera a la población ahí existente.
“El año siguiente fue para los caucheros muy fecunda en expectativas. No sé cómo, empezó a circular subrepticiamente en gomales y barracones un ejemplar del diario La Felpa, que dirigía en Iquitos el periodista Saldaña Roca. A pesar de nuestro recato, un gomero del Ecuador a quien llamábamos El Presbítero, le sopló al vigilante lo que ocurría ¿Y quién creerá que este insignificante detalle le origina complicaciones a la empresa? Tiene tantas rémoras este negocio, exige tal patriotismo y perseverancia, que si el gobierno nos desatiende quedarán sin soberanía estos grandes bosques, dentro del propio límite de la patria. Pues bien: ya su señoría nos hizo el honor de averiguar en cada cuadrilla cuáles son las violencias, los azotes, los suplicios a que sometemos las peonadas, según decir de nuestros vecinos, envidiosos y despechados, que buscan mil maneras de impedir que nuestra nación recupere sus territorios y que haya peruanos en estas lindes, para cuyo intento no faltan nunca ciertos escritorcillos asalariados(…) Afortunadamente, agregó el bellaco, el Perú atenderá nuestra iniciativa patriótica: le hemos pedido a la autoridad que nos militarice las cuadrillas, mediante la dirección de oficiales y sargentos, a quienes pagaremos con mano pródiga su permanencia en estos confines, ·con tal que sirvan a un mismo tiempo de fiscales para la empresa y de vigilantes en las estradas. De esta suerte el gobierno tendrá soldados, los trabajadores garantías innegables y los empresarios estímulo, protección y paz”. José Eustacio Rivera. La Vorágine. Impreso en la Editorial A B C.-Bogotá, 1946. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana
Colombia se enfrentó con el Perú por el territorio usurpado militarmente, pero desconoció o descuidó el factor humano de dichos territorios. Después de que la producción de caucho entro en declive, y antes de que esto ocurriera, nunca se preocupó por la población ahí existente, de lo contrario nunca habrían tenido que ejecutar una orden militar para defender el territorio, porque la soberanía, la población soberana nunca fue atendida ni reconocida por el Estado, pero principalmente por la clase política centralista del entonces.
La pérdida de un extenso territorio con el Perú, como la pérdida de Panamá ha quedado en la historia por la negligencia de gobernantes, también erróneamente consideradas derrotas militares.
La situación por la pérdida de una extensa área marina en la región insular de San Andrés, según el fallo de una corte internacional, no es comparable con lo ocurrido con Panamá y el territorio que usurpó Perú al departamento del Amazonas colombiano, aunque ambos acontecimientos ocurrieron aproximadamente hace cien años, y ojalá esto no se repita en menos o en cien años más, porque lo que sí es evidente en estos acontecimientos es que el factor humano es algo que no se tiene en cuenta en el momento de garantizar seguridad y defensa tanto de la población y del territorio. La población de Panamá declaró la independencia de Colombia y los caucheros del entonces según el relato de la Vorágine reconocieron al Perú como su país. Pero siendo un fallo de una corte internacional la que estableció que el área marina no le pertenecía a Colombia ahora, y sí a Nicaragua no únicamente desconoció el factor humano, es decir lo que está causando que los Derechos Humanos estén en riesgo, como la historia y la cultura de la población que hace presencia en esta área marina, en sus islas y en su conjunto en toda el área que conforma el archipiélago, pero será un deber de los gobernantes hacer políticas para que la población que ahí vive continúe otorgando legitimidad al Estado Colombiano, reconociendo su soberanía, y cómo administrar territorios nacionales limítrofes en el caso de San Andrés.
El general Julio Londoño conocido por ser el autor del libro Los Fundamentos De La Geopolítica, libro editado por la imprenta de las Fuerzas Militares de Colombia en 1978, conocido también por participar en el litigio en la Corte Internacional de la Haya entre Colombia y Nicaragua por el territorio y el área marina de la región insular de Colombia, área marina que no defendió, no incluye en su manual de Geopolítica el factor humano, como sí es mencionado en el manual de Geopolítica del Brigadier General Daniel E, García Echeverry que titula Geopolítica Antropológica, y Áreas de Tensión Mundial, publicado en 1983, libro de la imprenta de las Fuerzas Militares de Colombia. El factor humano en la Geopolítica entiende que el hombre es la figura central. << La Geopolítica por sí sola carece de significado. Es el hombre quien utilizándola dentro de sus concepciones estratégicas define el futuro de un país o de una región con relación al resto del mundo>>.[1] El hombre utilizando la geopolítica que es una disciplina que estudia no únicamente el desarrollo y la expansión de los Estados, además, el logro de los fines del Estado, entiende que para mantener la soberanía y evitar la pérdida del territorio tiene que tener en cuenta variables que no se pueden observar únicamente desde la geografía, es necesario que se tengan en cuenta factores humanos y demográficos.
"El Panorama por describir considera al ser humano como figura central en el universo geográfico" General Daniel E, García Echeverry
El fallo que hace el tribunal internacional no menciona en ningún momento la población que vive en la región insular del país, su cultura y su historia, fallo que no es coherente, si se tiene en cuenta la soberanía, y que en ningún momento Nicaragua ha ejercido dominio sobre esta región. Si se tiene en cuenta el Derecho del Mar (III Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho al Mar, el 16 de noviembre de 1994). Las 200 millas náuticas que todo país con costa debe por convención poseer, la zona económica exclusiva, el área otorgada debe ser menor para Nicaragua si no tiene el poder militar para controlar áreas otorgadas de alta mar y de la plataforma continental, además pretender expandir la frontera genera un riesgo humanitario como alguien ya lo habían mencionado, con la población que ahí históricamente ha vivido, su soberanía alimentaria, cuando lo que según se especula es que Nicaragua también tuvo la intención de realizar exploración y explotación petrolera en esta área marina, y posiblemente la construcción de un canal por su territorio continental. Si éste país centroamericano tiene un interés en este territorio marino, si tiene una necesidad en dominarlo, la diplomacia debe en este caso hacer que sea posible un área marina compartida, pero, al no ser mencionada la necesidad de poseer o de compartir un área que es y será parte de una región de Colombia, sus pretensiones son adversas y genera riesgos, no únicamente de una confrontación militar, además ecológicos cuando no tienen necesidad de pescar en esta región, pero si la ambición de obtener los recursos que están en el subsuelo como el petróleo y finalmente ejercer un dominio en las islas.
San Andrés, es una región insular, el archipiélago administra un extenso mar, además todas las islas, islotes y cayos que lo conformar. Según Las Convenciones sobre el Derecho al Mar de las Naciones Unidas la parte IV, el artículo 46, que versa sobre los archipiélagos, afirma que un archipiélago se entiende como un Estado que lo constituye todo y cada una de las partes incluyendo las islas, los islotes y los callos. A partir de esta afirmación es inconcebible hacer una división del territorio y de las áreas marinas que lo conforman, división que es geográfica pero no demográfica, teniendo en cuenta que este territorio puede a su vez tener derecho a mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y alta mar, además la población que vive en la región insular, la soberanía en esa parte geográfica del país depende que ellos y su libertad en otorgar legitimidad a un fallo y en reconocer a qué Estado soberano pertenecer, por lo tanto el fallo de justicia de la corte internacional depende que lo población lo reconozca o lo niegue. Si el fallo de la corte internacional no tiene en cuenta factores humanos y tampoco la defensa del litigio, entonces de quién depende la soberanía; del gobierno, de un Estado o de la población que lo legítima. Sin importar el territorio que ocupa la población, la conformación territorial y de aguas marinas que hacen parte del archipiélago mantiene una integridad con lo demográfico, desconocer el factor humano causa un riesgo en los derechos humanos, una decisión así hacen que un Estado y una corte internacional no garanticen su protección.
Teniendo en cuenta lo que menciona el Derecho del Mar, entender el archipiélago como un Estado hace pensar que se ha convertido en un Estado Libre Asociado o con más independencia que sea un protectorado de Colombia, lo cual garantizaría el área marina que le corresponde y que es de la población Raizal, en general de toda la población que ahí vive y que históricamente les ha pertenecido esa región y el mar. Aunque San Andrés es un Departamento como se menciona en la Constitución Política de 1991, y el Estado de Colombia no reconoce el fallo, ni el congreso ha cambiado los límites geográficos del país según lo que decidió la corte internacional, internacionalmente, que se mantengan los límites depende es que los Estados fronterizos reconozcan como parte de Colombia los límites de la región insular de San Andrés, sin la alteración internacional que causo Nicaragua con el fallo y la diplomacia de Julio Londoño, con la no defensa del litigio.
La posibilidad de que San Andrés se convierta en un Estado independiente, depende que la población de la isla reconozca que pueden administrar la región insular que les pertenece sin contar con los recursos que reciben del gobierno central, contar con su propia moneda, parlamento o congreso, cuerpo diplomático y un ejército propio. Aunque un protectorado o un Estado Libre Asociado como lo es Puerto Rico para Estados Unidos, no es un tipo de gobierno que lo hace independiente pero si permite que se establezcan acuerdos con el Estado que le concede protección, una moneda, ser parte de las legislaturas y mantener vínculos internacionales, por lo tanto, si San Andrés se convierte en un Estado Libre Asociado puede solicitar a Colombia cualquiera de las condiciones para estar protegido, contar con una moneda, ser representado en las legislaturas o contar con un servicio diplomático.
Hay quienes afirman que para anular el fallo de la corte internacional es posible con su desconocimiento, con su desacato por parte del Estado colombiano, pero la posibilidad de que sea un Estado Libre Asociado o un protectorado depende de la población, la validez con la que legitiman o deslegitiman el fallo y su independencia.
La Constitución Política de Colombia de 1991 de acuerdo con el Título XI De La Organización Territorial, los artículos 285, 286, 287 podrían servir para hacer una reforma y establecer una figura, que se entienda como una entidad territorial, que establece o que otorga más independencia a San Andrés, con el propósito de que la región, su capital, sea un Distrito, no únicamente un puerto libre, también para que se pueda hacer inversión y sea una región auto sostenible que no dependa de los recursos que le asigna el gobierno central, el Sistema General de Participaciones, que asignan a los departamentos y municipios recursos. Una reforma constitucional de acuerdo con el Capítulo IV de la Constitución Política de 1991, establecería a San Andrés con un régimen especial, y teniendo en cuenta el artículo 337, San Andrés se encuentra en una zona de frontera, un régimen especial que permitiría “promover su desarrollo”. La Ley 191 de 1995 “ley de fronteras” crea la figura de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, el Capítulo IV Régimen Económico menciona que corporaciones financieras, entidades de financiamiento comercial, las casas de cambio, tienen la oportunidad de hacer compra y venta de divisas según la autorización que expida la junta del Banco de la República, por otra parte el artículo 23; las empresas que se establezcan en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo pueden ser nacionales, binacionales y multinacionales, y tienen la oportunidad de asociarse con otras empresas sin importar su nacionalidad. Hacer que San Andrés sea un Distrito no únicamente portuario, sí un distrito financiero y de libre inversión, es posible si en la Ley 191 de 1995 se incluye un capítulo en el que se establezca que en San Andrés se pueden fundar bancos que reciben y mantienen depósitos financieros en cualquier moneda como permiten su libre transacción. Tanto empresas nacionales como las extranjeras que invierten en el país y depositan sus utilidades en bancos en el exterior, si con las utilidades que obtienen de la producción empresas nacionales y extranjeras en el país, se recomienda o obligan por ley, en el régimen especial legal que sería San Andrés, permitiría hacer una región auto sostenible con recursos que no dependerían del gobierno central y que compitan con las demás regiones, especializándose en finanzas.
Con la Ley 127 de 1959 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo se declara a San Andrés como un puerto libre, pero fue una declaración que no favoreció a la población isleña y Raizal porque quienes controlan y hacen parte del mercado de bienes que permite el libre puerto son personas que no son históricamente oriundas de la isla o de la región Caribe. Con la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria, las posibilidades de importar productos sin altos impuestos fue posible para cualquier colombiano y en cualquier parte del país, pero que sea un puerto libre San Andrés, afectó su comercio, sin que sea una zona franca, unas de sus principales actividades económicas exclusivas que tenía, es por lo tanto ahora un lugar más de turismo que de comercio y finanzas.
Con la Ley 127 de 1959 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo se declara a San Andrés como un puerto libre, pero fue una declaración que no favoreció a la población isleña y Raizal porque quienes controlan y hacen parte del mercado de bienes que permite el libre puerto son personas que no son históricamente oriundas de la isla o de la región Caribe. Con la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria, las posibilidades de importar productos sin altos impuestos fue posible para cualquier colombiano y en cualquier parte del país, pero que sea un puerto libre San Andrés, afectó su comercio, sin que sea una zona franca, unas de sus principales actividades económicas exclusivas que tenía, es por lo tanto ahora un lugar más de turismo que de comercio y finanzas.
Para solucionar el problema demográfico que tiene la isla, la población de San Andrés tiene que tener la oportunidad de vivir en tierra continental, si lo desea. La isla no puede presentar déficit de vivienda, hacinamiento, altas densidades de población por el impacto ecológico que causa y evitarlo es un deber por parte del gobierno central cuando un porcentaje de la población después de la declaración de puerto libre que vive ahí no es de la región Caribe, ni es Raizal, que tenga la oportunidad de encontrar condiciones de vivir en el territorio continental, ofertas de empleo y de vivienda. Lo anterior significaría hacer una reforma al artículo 310 de la Constitución, lo cual, para la población isleña se contaría con planes de Vivienda y oferta de trabajo que permitan encontrar oportunidades de vivir en el continente, en territorio continental colombiano también.
La soberanía de los Cayo, Roncador, Serrana y Quitasueño no hacen parte y dependen del tratado Esguerra – Barcenas de 1928, renunciando a su dominio Estados Unidos en 1972, la soberanía de los callos depende de la población del archipiélago de San Andrés porque históricamente el mar que hace parte de esa área está bajo su jurisdicción y su influencia, son fuentes de recursos marinos, haciendo parte de su soberanía alimenticia, desconocerlos sería dividir la geografía que les corresponde y que históricamente les pertenece, tampoco le ofrecen nada a las pretensiones que puede tener Nicaragua.
La región de San Andrés es un archipiélago, es parte de Colombia, y Colombia es un Estado, por lo tanto la región de San Andrés es un Estado de Colombia, país que tiene dominio de esta área y una población que legitima a las autoridades nacionales.
En la memoria de un país existe el espacio que ocupa en el territorio y recuerda su inmensidad, pero como la historia cuenta que existen lugares que ya no domina, si es un deber constitucional que el Estado y la clase gobernante mantenga la integridad completa del territorio, de lo que actualmente es de la nación. Pero esto depende de que los habitantes de cada una de las regiones que conforman el país sepan que para mantener la integridad no es únicamente cuestión de liderazgo, el mantenimiento de la democracia y de la soberanía depende de cómo se administra y cómo gobierna la propia población su propio territorio, la capacidad para administrar recursos y ejecutar proyectos, además que las propias regiones sean autosuficientes económicamente. Aunque se debe mantener un centralismo político para la regulación de la moneda, para coordinar las relaciones internacionales y para mantener el monopolio de las armas, la administración del territorio por parte de la población es también necesaria para mantener la integridad y el desarrollo económico en los territorios limítrofes.
La población de San Andrés no es diferente a la población de Leticia en el Amazonas, considerando las diferencias culturales y históricas, son igualmente colombianos por la legitimidad que otorgan al Estado. No se puede decidir, sin considerar el factor humano, tan desconocido por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que con tanta adversidad perjudicó a Colombia.
La demanda y el retiro del Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948, no era necesario por parte del Estado colombiano, si la diplomacia habría convencido a los países que aún han ratificado el pacto con reservas o sin estas, que la pretensión de Nicaragua, con el reclamo de un territorio que no le pertenece, está causando un riesgo en los factores humanos y en los Derechos Humanos, entonces, así tener argumentos suficientes para haber dialogado con los demás países que firmaron y que se han retirado del pacto sobre la importancia de mantener este tratado, con cada uno, que el causante de que pierda vigencia por parte de Colombia, es por culpa de Nicaragua, convencer a cada uno de los países que éste territorio y área marina es de la población que vive en esta región insular, población Colombiana, la cual debido a un fallo erróneo está causando un riesgo militar, ambiental y humanitario, que es algo en contra de la paz, por lo tanto que el reconocimiento internacional de esta área marina, en su conjunto todo el archipiélago es y será de Colombia.
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[1] Brigadier General. García Echeverry, Daniel E. Geopolítica Antropologica Y Areas De Tención Mundial. Impreta y Publicaciones De Las Fuerzas Militares. 1983 Bogotá, D.E.
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